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Noticias - Julio 10 2018

Confianza en el Congreso: en caída libre

Hoy solo una cuarta parte de los colombianos confía en el Congreso de la República. Una mala gestión, nexos con los casos de corrupción y poco interés en las preocupaciones de los ciudadanos son algunos de los factores que reafirman la poca confianza en el Legislativo.

En Colombia, históricamente, la imagen del Congreso de la República no ha gozado de elogios y, por el contrario, el discurso público sobre él siempre ha tendido a ser negativo. En décadas recientes parecía que el proceso 8.000, que tuvo como protagonista al gobierno del entonces presidente Ernesto Samper y que dejó a 26 congresistas condenados, era el punto más bajo en imagen pública que tendría esta institución. Sin embargo, a mediados de la siguiente década (2007), la confianza de los colombianos en el Congreso no superaba el 37%, explicada en gran parte por el gran desprestigio que le causó el escándalo de la parapolítica, que dejó casi 50 congresistas condenados por sus vínculos con grupos paramilitares.

Y aunque entre 2008 y 2012, los datos del Barómetro de las Américas-LAPOP, realizado por el Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes, reflejan que la confianza en el Congreso no caía, e incluso en algunos años se recuperaba alcanzando la proporción de 4 de cada 10 colombianos confiaban en esta institución, en 2013 la caída fue de más de 10 puntos porcentuales, y en 2016 solo un cuarto de ciudadanos confiaba en el Congreso. Y estas cifras no dan muestras de recuperarse en el corto plazo.

El bajo nivel de confianza actual de los colombianos en el Congreso se confirma al hacer una comparación con los datos de los demás países de la región. Tanto en 2014 como en 2016, Colombia se ubica entre los países con un menor nivel de confianza en su Congreso, junto a países como Estados Unidos, Brasil, Haití y Perú, donde los escándalos de corrupción que involucran a varios de sus miembros y la poca gestión legislativa ha sido la nota preponderante, al menos en los últimos años.


Ante este panorama, ¿qué factores están asociados con el bajo nivel de confianza en el Congreso colombiano durante los últimos años? Una primera mirada nos permite ver que no parece haber diferencias asociadas al sexo, la edad o el área de residencia de una persona:

  • En 2016, 25.9% de las mujeres y 22.8% de los hombres confiaban en el Congreso
  • En 2016, confiaban en el Congreso el 27.2% de los habitantes de áreas rurales, y 23.6%, de quienes residían en zonas urbanas
  • El 23.8 % de los jóvenes; 22.8% de los adultos, y 34.6% de los adultos mayores confiaban en el Congreso en 2016.

Sin embargo, es evidente que al mirarse el contexto regional existe un claro contraste en el nivel de confianza entre algunas de ellas.  Los habitantes de Bogotá son quienes en los últimos años han mostrado menos confianza en el Congreso. Allí, menos de 2 de cada 10 habitantes de la ciudad confían en esta institución (2013: 16.3%; 2014: 15.7% y 2016: 18.8%). En contraposición, los habitantes de la región Caribe son quienes mayor confianza tienen en el Congreso y, en promedio, 3 de cada 10 ciudadanos de esa región confían en este (2013: 33.1%; 2014: 30.8% y 2016: 31.5%). En las regiones restantes, Pacífica, Oriental y Central, en términos generales, un cuarto de sus habitantes confía en el Congreso.

Otros indicadores que reafirman la percepción negativa del Congreso en los últimos años son los que tienen que ver con la evaluación del trabajo de los legisladores, la percepción de corrupción entre los políticos y las percepciones frente a qué tanto los gobernantes se interesan por lo que piensan los ciudadanos.

Un factor que refleja la mala percepción sobre el Congreso es el crecimiento en el porcentaje de colombianos que afirman que los congresistas están haciendo mal su trabajo. Mientras que entre 2013 y 2016 el porcentaje de colombianos que pensaban que su labor ha sido buena se mantuvo estable (13.9% y 16%, respectivamente) y el número de personas que la evaluaron como regular cayó (57.3% y 43.8%, respectivamente), la proporción de colombianos que evaluaron el trabajo del Congreso como mala llegó al 40.2% en 2016, cuando en 2013 no superaba el 29%.

Cabe destacar que, aunque evalúan el mismo Congreso, existe una creciente brecha en el nivel insatisfacción con el trabajo del Congreso entre regiones, lo cual puede explicar la persistencia de las diferencias en el nivel de confianza en el Congreso que se registra en Bogotá en relación con la región Caribe. Mientras que, en 2013, 35% de los habitantes de Bogotá calificaba como mala la labor del Congreso, 22,3% de los habitantes del Caribe tenían una opinión similar. En 2016, la diferencia en la percepción del trabajo del Congreso en ambas regiones aumentó así: el 55,8% de los bogotanos y el 33.4% de los habitantes del Caribe lo evalúan negativamente. En las regiones Central y Oriental también los porcentajes de mala calificación a su gestión aumentaron de 2013 a 2016, casi 10 puntos porcentuales, y solo la región Pacífica presentó cierta estabilidad en el periodo: pasó de 24.5%, en 2013, a 29.2%, en 2016.

Los recientes escándalos que han salido a la luz pública y que involucran a algunos congresistas y funcionarios muy posiblemente también alimentan la percepción negativa que tienen los colombianos del Congreso. La percepción de cuán corruptos son los políticos muestra que, en 2016, 74,2% de los colombianos opinaron que más de la mitad o todos los políticos son corruptos. Esto incluye a los congresistas. Solo 8.2% cree que ninguno o menos de la mitad de los políticos están involucrados en corrupción. 

A diferencia de la evaluación del trabajo y de la confianza en el Congreso, frente a la corrupción, al hacer un análisis regional no se evidencian diferencias en la percepción de qué tan generalizada es la corrupción. Bogotá (80.1%) y la Región Caribe (78.4%) son las regiones en las que más colombianos creen que más de la mitad o todos los políticos son corruptos.

Ahora bien, en lo que tiene que ver con la percepción de los colombianos sobre el interés que tienen los que gobiernan el país por lo que piensa la población, el Barómetro de las Américas muestra que este indicador ha crecido a nivel nacional, aproximadamente 10 puntos porcentuales entre 2013 (21.4%) y 2016 (31.5%). Sin embargo, este crecimiento se ha concentrado en la región Caribe y en la región Central, mientras que en Bogotá se ha mantenido bajo; no supera el 23%, y en la región Oriental se ubica por debajo de 29%.

Con base en todos estos indicadores puede decirse que, mientras que la confianza y la evaluación del trabajo del Congreso son negativas en todo el país, y son aún más bajas en Bogotá cuando se las comparan con las de la región Caribe, la percepción de que los gobernantes están interesados en lo que piensan los ciudadanos crece a nivel nacional –aunque sigue habiendo diferencias regionales- y la percepción de corrupción entre los políticos es igualmente alta en todas las regiones del país.

Sin embargo, llama la atención que, a pesar de este panorama tan negativo, muy pocos colombianos estarían de acuerdo con cerrar el Congreso. Esta es una actitud que se ha mantenido estable en los últimos años y que no supera el 15%.  

Con apenas 14,5% de los colombianos en 2016 aceptando esa posibilidad, Colombia se ubica en los últimos lugares de los países de la región en los que sus ciudadanos ven la clausura del Legislativo como una alternativa seria y viable. La solidez de esta posición es aún más destacable si se tiene en cuenta que entre 2014 y 2016 en la mayoría de países de las Américas ha habido un aumento sustancial en la proporción de ciudadanos que aceptarían cerrar el Congreso.  En otras, palabras, aunque hay razones para que los colombianos tengan una percepción negativa del Congreso, esta no llega al punto de justificar acciones que pongan en riesgo el orden institucional y legal del país.

La “mermelada” cambia la percepción de los colombianos

Otro elemento que puede dar luces sobre por qué la baja confianza en el Congreso de los colombianos en los últimos años es revisar qué tan de acuerdo están con que el Gobierno le entregue a los congresistas dinero para que realicen obras en su departamentos. En 2016, el Barómetro de las Américas, seleccionó aleatoriamente a la mitad de los entrevistados para preguntarles si aprobaban esa entrega de recursos, mientras que a la otra mitad le preguntó si aprobaba que se le entregara “mermelada” con el mismo fin. Aunque en ambos casos el mayor porcentaje fue de no aprobación, este fue significativamente mucho más alto entre quienes respondieron la pregunta sobre la mermelada (67.1%), que entre quienes respondieron la del dinero (49.2%). Estos datos confirman que la idea de “mermelada” tiene una connotación negativa, la cual, en la medida en que se ha vuelto más frecuente en el discurso público puede llevar a pensar en los congresistas de una forma más negativa cuando se les describe como “enmermelados”.


 



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