Las preocupaciones por la libertad de prensa aparecen cada tanto en la agenda nacional. No obstante, el debate debe ser más profundo, menos de forma y no quedarse solo en el caso de censura del momento.

Decía la periodista Claudia Morales, el pasado 5 de marzo durante la conferencia ¿Democracias en riesgo? El rol de los medios que, a la hora de analizar la libertad de expresión, de información y cualquier libertad y derecho que van atados a la democracia, en Colombia, ese análisis es muy blandito, precisamente, por ser una democracia. “Somos muy duros con Nicaragua, Ortega, Chávez, Maduro; con esos regímenes sobre poderes mal manejados, pero yo no tengo memoria en Colombia de haber tenido un gobierno –local, regional, nacional-, uno solo, que no haya tenido de alguna u otra manera que ver con la carencia de libertad, tanto de informar como con la libertad de ser; con unos picos más altos y con otros menos agresivos, pero todos, de alguna u otra manera han ido en contra de esas supuestas garantías que nos deberían dar las democracias”.

En 2018, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) registró 477 ataques contra la prensa y, aunque la organización dice que son menos letales –en el año se registraron tres asesinatos, una cifra menor a la que se ha registrado en periodos anteriores- lo cierto es que las formas de violencia han mutado y son tan diversas que pasan por secuestros, amenazas, estigmatización, detenciones ilegales, acosos, proyectos de ley que buscan restringir libertades o controlar redes sociales, y por un débil aparato judicial que muchas veces se usa para censurar y, en otras, se queda corto en investigar y en garantizar justicia.

A comienzos de este año, precisamente, el debate sobre libertad de prensa-censura volvió a ser noticia, cuando se conoció una grabación de la reunión en la que el entonces gerente de RTVC, Juan Pablo Bieri, sí había dado la orden de sacar el programa Los Puros Criollos de la programación de Señal Colombia.

Bieri, en diciembre de 2018 había repetido una y otra vez, en una entrevista con W Radio, que él no había censurado y mucho menos había cancelado la emisión del programa el mismo día que su presentador, Santiago Rivas, había participado en el canal de opinión La Pulla, de El Espectador, en el episodio que exponía críticas al proyecto de ley de modernización de las TIC, que está proponiendo el Gobierno Nacional.

Lo que vino después –la renuncia de Bieri, el regreso de Los Puros Criollos a su horario habitual y unas cuantas entrevistas y programas de opinión y debate sobre el tema- fue noticia un par de semanas más y la agenda volvió a ser acaparada por Venezuela, en gran medida, y por temas nacionales, como el Plan Nacional de Desarrollo, la corrupción, el Fiscal, la JEP, en menor medida.

Mirar con lupa

¿Pero qué hay realmente detrás de todo esto? ¿El caso Bieri es la enfermedad o es solo un síntoma? ¿Qué es lo que realmente se entiende como libertad de prensa y por censura? ¿Cuáles son esas garantías de la democracia en Colombia? ¿El debate está dándose sobre lo que debe darse?

Una vez se conoció la grabación de la reunión de Bieri no solo quedó claro que había habido censura, tal como lo explicó Catalina Botero, decana de Derecho de la Universidad de los Andes en RCN Radio: “Sí hubo censura, porque el gerente tomó la decisión de no publicar un programa de una persona que se ha pronunciado en contra del Gobierno. Emitirlo a las tres de la mañana equivale a no emitirlo; es una forma de censura previa. Además, genera censura indirecta porque inhibe a todas las personas que tienen contrato con RTVC de hacer críticas al Gobierno, y en una democracia la gente tiene derecho a hacer críticas al Gobierno”, sino que también evidenció, por un lado, el profundo desconocimiento de muchos de los funcionarios que los gobiernos nombran en cargos, como la gerencia de RTVC, así como que, históricamente, para esos mismos funcionarios y gobernantes, medio público es sinónimo de medio gubernamental.

Sobre lo primero –el desconocimiento-, el periodista y analista de medios Mario Morales asegura que no hay interés por los medios públicos. “La anécdota de cómo surgió el nombramiento de Bieri lo dice todo. Primero el capricho personal de Bieri, pagado de manera politiquera, eso es mermelada, para pagar un apoyo irrestricto. Pero además el hecho de que el presidente no se tomara el tiempo de pensar a quién iba a nombrar, sin revisar si tenía o no las capacidades y la experiencia para hacerlo, habla de la forma cómo el Gobierno hace ese tipo de cosas. Ahí lo importante era la fidelidad, la confianza en que esa persona, aun si no sabe, comparta buena parte del círculo tecnócrata que rodea al presidente. No importa si no sabe mucho, lo importante es que sea fiel y no le vaya a fallar a la doctrina”.

Alejandro Gómez, periodista y director de 070 va en la misma línea y agrega que no se trata solo de un desconocimiento y de inexperiencia, sino que, precisamente, esos nombramientos están más pensados para lograr los planes del Gobierno que están lejos de fortalecer los medios públicos y la producción de contenidos de los mismos. “Si se hace una revisión, uno se da cuenta de que el Ministerio que está a cargo de los medios (TIC), tiene como ministra a una persona que viene de sectores ajenos a la producción de contenidos. Sylvia Constaín viene de Facebook y Google. Es por eso que en la campaña que se la ha hecho a la Ley 152 (Proyecto de Ley TIC) siempre se habla de conectividad y redes (aparatos) y que las críticas que se le hacen a la ley es justamente que debilitan la libertad de los medios públicos. ¿Qué tanto le interesa a Constaín la producción de contenido versus la expansión tecnológica? ¿Cuál es el peso de las relaciones de esos funcionarios con empresas como Claro, Apple o Netflix (que son los grandes beneficiarios de la 152)?”.

Es decir, la preocupación es que el Gobierno termina teniendo demasiado control sobre los contenidos y aunque sus funcionarios aseguran que no habrá abuso de ese poder, el evento Bieri es un mal presagio y, más grave aún, una vez ley, esta se convierte en una herramienta para que los próximos gobiernos la interpreten como quieran y puedan usar los medios públicos a su propia conveniencia. 

Precisamente sobre lo poco o nada que está claro en Colombia la diferencia entre medio público y medio gubernamental también debe abrirse la discusión y establecer límites claros para que cada gobierno que llega no lo tome como parte de su inventario al servicio de su propia propaganda. “Esa discusión -explicó Catalina Botero en la misma entrevista- sobre los medios no públicos aún no está cerrada, pero los medios públicos no son propiedad del Gobierno. Cumplen una función pública; publican aquello que los otros no publican, y todas las decisiones deben obedecer a un plan público y preestablecido que responda a los intereses públicos del medio y no a los intereses privados del presidente de la república o del gerente de turno. Un medio público debe ser tan independiente como un banco central”.

Mario Morales añade que esto tiene una raíz histórica. Los medios audiovisuales, particularmente la televisión, surgieron en medio de una dictadura en la idea de hacer propaganda al estilo de alemán. “Esa fue la enseñanza que aprendió Rojas Pinilla en su periplo cuando estuvo en Alemania, antes de tomarse el poder. Ese era un medio poderosísimo para la persuasión y la propaganda, no para la información, no para el entretenimiento, no para el servicio público. Esa tradición lamentablemente se ha mantenido en los medios públicos colombianos; de pensar que los medios son públicos en el sentido de que son alas, extensiones de los gobiernos de turno y que están para el servicio politiquero. Esa confusión entre lo estatal y lo público, lo estatal y los gobiernos de turno se ha mantenido siempre y se ha normalizado, lamentablemente. De tal manera que pasa en los canales regionales, en las emisoras, y pasa en la televisión, y los ciudadanos lo han aceptado y lo han normalizado y no entienden que esos medios son públicos en el sentido que están pagos con los impuestos de todos los ciudadanos y que deben estar de lado de los ciudadanos, antes que del lado del gobierno”.

Esa normalización precisamente suma una mayor preocupación cuando los altos funcionarios del gobierno la ejercen sin ningún reparo. En el caso Bieri, por ejemplo, la ministra Constaín le bajó al tono al tema, defendió a Bieri y negó que hubiera censura, mientras que la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez no solo negó que hubiera censura, cuestionó por qué Bieri debía renunciar y defendió su labor administrativa. Ninguna de los dos se pronunció sobre un caso anterior, también protagonizado por Bieri, al censurar y restringir el trabajo de un equipo periodístico de Radio Nacional de Colombia. 

La posición de la vicepresidenta contrasta con la determinación con la que reaccionó recientemente, en su cuenta de Twitter, cuando Nicolás Maduro retuvo por más de dos horas a un equipo periodístico de Univisión, encabezado por Jorge Ramos, en el Palacio de Miraflores, en Caracas: “Oyendo entrevista de el (sic) periodista Jorge Ramos con la FM, pienso que al menos él se salvó de convertirse en otro Jamal Khashoggi. Los jóvenes indígenas asesinados por los colectivos y los que perdieron sus ojos por la acción de perdigones de colectivos el sábado, no lograron (sic)”. No solo los pronunciamientos de la Vicepresidenta y la Ministra han llamado la atención por decirlo menos. El silencio del presidente, Iván Duque, sobre estos y otros ataques a los periodistas, como que de la cuenta de Twitter de la Superintendencia de Notariado y Registro se insultara a los periodistas Daniel Coronell y Julián Martínez, y que de la cuenta de Twitter de la directora del Centro Democrático, Nubia Stella Martínez, se hiciera lo mismo contra la periodista Vicky Dávila, y que luego simplemente se culpara a los community managers de las mismas y se excusara en ellos la responsabilidad, hacen que surjan más preguntas que respuestas ¿Hay una política o por lo menos una directriz gubernamental de censura? ¿No hay una posición clara del gobierno sobre la censura o la libertad de expresión? ¿El silencio de Duque expresa su acuerdo con la censura, su desaprobación a esta o que el tema no es una prioridad en su agenda? Y muchas más preocupaciones cuando también se escuchan las iniciativas legislativas que proponen control al uso de las redes sociales, que se basan, sobre todo, en control a la libertad de expresión, o que de la otra esquina también lleguen los ataques contra los medios, como los más recientes del senador Gustavo Petro contra Noticias RCN, que estigmatizan el oficio de los periodistas y de los medios. Qué nos espera si, como dice Alejandro Gómez, “los periodistas —y en especial en regiones— deben poder tener más posibilidades y más independencia económica. Desafortunadamente seguimos siendo víctimas —además de la violencia homicida, además de las presiones del gobierno y de los poderes— de una mordaza económica”.

Crédito foto: Bill Kerr Tomada de: Flickr