Por: Miguel García Sánchez. Codirector del Observatorio de la Democracia

La aparición del COVID-19 y su rápida expansión por todo el planeta hicieron que para marzo de 2020 más de la mitad de los países del mundo hubieran declarado aislamientos, cuarentenas, toques de queda, cierres de comercio, etc., con el objetivo de ralentizar el avance del virus y salvar el mayor número de vidas posible. Esta es, por supuesto, una situación excepcional la cual obligó a que los gobiernos tomaran decisiones extraordinarias, que han puesto sobre la mesa el delicado equilibrio entre la protección de la vida, la garantía de las libertades individuales, el mantenimiento del Estado de Derecho y la operación de la economía.

¿Qué consecuencias puede traer la respuesta gubernamental a la pandemia sobre el funcionamiento de nuestras democracias? Desde mi punto de vista, se pueden distinguir al menos cuatro posibles efectos. El primero sería el debilitamiento del control político al Ejecutivo. El segundo es la aceptación, por parte de la ciudadanía, de las limitaciones a sus libertades civiles y la validación de comportamientos autoritarios por parte de instituciones como la policía. El tercero es un debilitamiento de las, ya frágiles, bases de legitimidad del sistema democrático y de instituciones específicas como la policía. El último es de tipo electoral, pues el manejo gubernamental de la crisis sanitaria, muy posiblemente, será un tema central en los próximos debates electorales. Este breve texto explora los posibles efectos de la pandemia sobre las preferencias electorales de los ciudadanos, teniendo como punto de referencia información proveniente del caso colombiano.

La crisis generada por el COVID-19, que en un principio parecía ser un evento de corto plazo, ha ido evolucionando en un factor de larga duración, que por tanto entrará a ser parte de las consideraciones o preocupaciones que tienen en cuenta los ciudadanos para evaluar el desempeño de sus gobernantes y para tomar sus decisiones electorales. En otras palabras, los gobiernos, políticos o partidos que hoy detentan el poder ejecutivo (nacional y local) posiblemente terminen siendo evaluados en las urnas en función de cómo enfrentaron la pandemia. Evidencia de esto es que la crisis sanitaria derivada del COVID-19 es hoy día una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. Según datos del Observatorio de la Democracia, mientras en 2018 apenas el 4% de los colombianos consideraban la “falta de salud” como el principal problema del país, en 2020 ese porcentaje llegó a 32.

Pero, ¿hasta qué punto, la centralidad de la crisis sanitaria en las evaluaciones de los ciudadanos sobre el desempeño de sus gobiernos, producirá un efecto positivo o negativo sobre el caudal electoral de estos? En un primer momento, es posible que la pandemia haya generado lo que en inglés se conoce como un efecto de rally-around-the-flag; es decir, un aumento de la popularidad de los ejecutivos producto de una situación en la que la ciudadanía se junta en torno a un propósito común –derrotar la pandemia-. Sin embargo, con la extensión en el tiempo de la emergencia sanitaria, ese efecto ha ido desapareciendo. Dados los costos humanos y económicos generados por la pandemia, es posible que muchos partidos de gobierno vean disminuidos sus caudales electorales en las siguientes elecciones, especialmente si estas tienen lugar en los próximos meses. Este efecto negativo de la pandemia estaría asociado a dos situaciones que, en términos generales, comparten muchos países de la región. La primera tiene que ver con la crisis económica derivada de las medidas para enfrentar el COVID-19, y sabemos que contextos de recesión o crisis económica los ciudadanos retiran su apoyo electoral a los partidos de gobierno. La segunda, en realidad es la combinación de dos elementos: la mayor preocupación de los ciudadanos por la salud, sumado a la baja capacidad de muchos estados latinoamericanos para responder adecuadamente la crisis sanitaria. América Latina ha sido una de las regiones del mundo más golpeadas por el Coronavirus, y ese enorme costo humano puede pasarle una cuenta de cobro electoral a muchos partidos de gobierno. Ahora bien, todo esto depende un poco de qué tanto se asigne una responsabilidad a los gobiernos sobre las consecuencias que ha traído el COVID-19.

A pesar de este panorama, es importante destacar que no todos los gobiernos de la región han enfrentado la pandemia con el mismo éxito, de modo que las consecuencias negativas de la crisis pueden verse moderadas (aumentadas, disminuidas o neutralizadas) según el nivel de competencia o falta de ella de cada gobierno para lidiar con el COVID-19. Países como Uruguay han hecho un buen trabajo enfrentando la pandemia y sus consecuencias; naciones como Colombia han afrontado la crisis de manera aceptable; finalmente, otros han demostrado una menor competencia para lidiar con la crisis sanitaria, esos serían casos como Brasil o Bolivia.

Ahora bien, ¿hasta qué punto estas predicciones tienen un sustento empírico? Sólo al momento de las elecciones sabremos, a ciencia cierta, la magnitud del efecto electoral de la pandemia. No obstante, una encuesta nacional realizada en Colombia, entre junio y octubre de 2020, da pistas sobre el impacto de las percepciones ciudadanas, en relación al manejo gubernamental de la crisis sanitara, en la aprobación presidencial y en la intención de voto por el partido de gobierno.

Un análisis estadístico (ver anexo) muestra que, en efecto, existe una correlación positiva y significativa entre estos factores. Como lo muestra la Gráfica 1, la aprobación de la gestión del presidente crece en un 66% cuando comparamos, a quienes están totalmente en desacuerdo con la afirmación según la cual “el gobierno nacional ha tomado medidas adecuadas ante el coronavirus” (1), con quienes, están totalmente de acuerdo con esa afirmación (7). En el caso colombiano, pasar de una mala a una buena calificación ciudadana sobre el manejo de la crisis del Coronavirus, significa que la aprobación a la gestión del gobierno pasa de deficiente a mediocre. Dado que la mayoría de los colombianos (5,6 de cada 10) aprueba la forma como el gobierno ha manejado la crisis del coronavirus, en el caso de Iván Duque la pandemia no parece estar generando un efecto negativo sobre la aprobación de su gestión.

Gráfica 1. Efecto evaluación ciudadana de las medidas del gobierno para enfrentar el COVID-19 sobre aprobación presidencial

En el caso de la segunda variable de interés (Gráfica 2), aunque también encontramos una correlación positiva entre la calificación ciudadana del manejo gubernamental de la crisis sanitaria y la intención de voto por el partido de gobierno, esta relación no es lineal. Esto se manifiesta en que la probabilidad de votar por el partido de gobierno se mantiene muy baja (entre 0.2 y 0.25) y estable casi a cualquier nivel de acuerdo con la afirmación “el gobierno nacional ha tomado medidas adecuadas ante el coronavirus” (puntajes entre 1 y 5). Sólo entre quienes están completamente de acuerdo con esta afirmación (7) es que se da un salto significativo en la probabilidad de votar por el partido de gobierno (un aumento del 74% al pasar de 5 a 7). Es decir, sólo entre los ciudadanos que consideran que el gobierno ha tenido un manejo excelente de la crisis es que veríamos un crecimiento importante en la probabilidad de votar por el partido de gobierno. Sin embargo, la probabilidad de votar por el partido de gobierno no llega a niveles muy altos (0,46). Además, si bien la mayoría de encuestados (56%) da buenas calificaciones a la gestión del gobierno manejando la crisis sanitaria (5, 6 y 7), no es muy claro que todas estas personas otorguen al gobierno la máxima calificación. En síntesis, en el caso colombiano el impacto electoral de la pandemia sería limitado, especialmente si a estos resultados se suma que las elecciones presidenciales tendrán lugar en 2022.

Gráfica 2. Efecto evaluación ciudadana de las medidas del gobierno para enfrentar el COVID-19 sobre probabilidad de votar por el partido de gobierno

En síntesis, es muy probable que la pandemia tenga efectos electorales negativos para los gobernantes de la región. Sin embargo, estos efectos estarán fuertemente condicionados por la capacidad y competencia de los presidentes para enfrentar la crisis. De este modo no podemos asumir automáticamente que este efecto será igual para todos los ejecutivos de la región. Al analizar el caso de Colombia, un país que parece haber manejado la crisis del COVID-19 de manera aceptable, es evidente que el costo reputacional y electoral que pagaría el gobierno de Iván Duque no es muy grande. Es mas, los recientes eventos de brutalidad policial y represión a la protesta social, seguidos de una incompetente e insensible respuesta del gobierno de Duque, parecen haberle pasado una cuenta de cobro más grande al presidente, en términos de aprobación, que el mismo coronavirus.

Anexo. Modelos de regresión para aprobación presidencial e intención de voto