La Muestra Especial 2019 –Colombia, un país más allá del conflicto– del Observatorio de la Democracia evidenció que los municipios colombianos no se pueden entender solo en función de la dualidad afectados por el conflicto vs. municipios no afectados por este, sino que dentro de ellos hay gran diversidad: no todos los municipios que han recibido el impacto de la guerra directamente lo han sufrido de la misma manera e intensidad ni a todos los caracteriza el mismo nivel de presencia estatal.

Gran parte de la discusión sobre la evolución y el fortalecimiento de la democracia colombiana se ha centrado en la dualidad conflicto–no conflicto, es decir, las explicaciones se dan desde el país que histórica y directamente ha estado afectado por la guerra y el que no ha sufrido su rigor directamente.

Sin embargo, la violencia –particularmente la violencia política- no es el único desafío histórico que enfrenta Colombia; lograr que el Estado esté presente en todo el territorio nacional es otra gran tarea pendiente.

En Colombia, el proceso de construcción del Estado ha sido heterogéneo. En ciertas áreas su capacidad es muy débil, mientras que en otras, es relativamente alta. Así mismo, existe una variación importante en la violencia política entre las diferentes regiones del país.

Miguel García, codirector del Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes afirma que la Muestra Especial 2019 “tuvo, precisamente, como motivación el dar cuenta de esos dos grandes problemas. Dicho de otra manera, el objetivo era explorar el impacto que tienen la capacidad estatal y el conflicto armado sobre las opiniones y comportamientos políticos de las personas”.

Principales hallazgos

Los colombianos entrevistados en esta Muestra identifican como el principal problema del país al conflicto armado (27.8 %), seguido de la economía (23.2 %) y la seguridad (12.8 %). En contraposición, identifican el acceso a servicios básicos como el principal problema de su municipio (38.7 %), seguido de la economía (15.1 %) y la seguridad (13.7 %).

“En los municipios priorizados para el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), sin importar si son de mayor o menor capacidad estatal, hay menor satisfacción con todos los servicios públicos –salud, agua y alcantarillado y escuelas públicas-”, explica Miguel García.

Otro de los hallazgos relevantes que deja este estudio es que sin importar qué tipo de municipio sea, el pago de impuestos es bajo. El pago del impuesto predial no supera el 46.2 % en municipios no PDET de mayor capacidad estatal y en los municipios PDET de menor capacidad solo llega al 38.3 %. De acuerdo con el codirector del Observatorio, “esto podría deberse a la baja formalización de la propiedad de la tierra, y sorprende cómo en los municipios de mayor capacidad esta no se ve reflejada en un mayor recaudo”.

Sobre el tema de inseguridad las mayores preocupaciones de los ciudadanos tienen que ver con los robos y los ataques armados (entre 45 % y 65 %). Pese a esa preocupación, menos del 4 % de los entrevistados asegura que recurriría a armarse para garantizar su seguridad, mientras que las medidas de autoprotección (evitar transitar por zonas peligrosas e instalar más candados o cerraduras en sus hogares) serían su principal repuesta (entre 45 % y 65 %).

En cuanto a las instituciones, la Policía y las Fuerzas Militares son las que reciben la mayor confianza de la ciudadanía, siendo los habitantes de los municipios no PDET de mayor capacidad estatal quienes más confían en los militares (60 % aproximadamente) y los de municipios PDET de menor capacidad quienes más confían en la Policía (cerca del 50 %). Hay una diferencia significativa en la confianza en los alcaldes: mientras que los municipios no PDET de menor capacidad casi la mitad de sus habitantes confía en el alcalde, esa confianza en los otros tres grupos de municipios no supera el 40 %, siendo los PDET de mayor capacidad estatal en los que menos se confía en los gobernantes locales (35 % aproximadamente). “Lo que más llama la atención aquí es que ninguna de las instituciones supera el 60 % en confianza y, muy similar a lo que ocurre en el resto del país, el Congreso y el sistema de justicia son las instituciones que registran los índices de menor confianza (entre el 25 % y el 40 %)”, agrega García.

Implementación del Acuerdo y el Posconflicto

La Muestra Especial 2019 mostró que, sin importar el grupo de municipios analizados, en la mayoría de ellos se cree que poco se ha hecho en cuanto a implementación del Acuerdo de paz con las FARC (entre el 65 % y 71 % así lo consideran), y son los habitantes de los municipios PDET de mayor capacidad quienes son más escépticos frente a los avances de esa implementación.

De la misma manera en todos los municipios del estudio, los habitantes le dan más crédito a la contribución del presidente Iván Duque a esa implementación (37.7 %) que a los excombatientes y excomandantes de las FARC (13.7 % y 12.8 %, respectivamente). De acuerdo con el codirector del Observatorio, “este resultado refleja la poca y débil confianza en las FARC, y al mismo tiempo la poca confianza en quienes tienen a su cargo la implementación, toda vez que incluso quienes creen que Duque ha contribuido más son menos del 40%”.

Las mayores expectativas sobre lo que pueda traer el Acuerdo de paz tienen que ver con el acceso a la tierra (entre 60 % y 65 %); la mejora en la economía local (entre 45 % y 55 %) y la mejora en la seguridad (entre 50 % y 60 %), siendo los habitantes de los municipios PDET de menor capacidad los que mayor esperanza tienen en cada uno de estos escenarios.

En cuanto a los actores que proveían la seguridad antes de la firma del Acuerdo de paz y ahora, la Muestra Especial evidencia que los vecinos desempeñan un papel más importante como proveedores de seguridad ahora que antes del Acuerdo (antes no superaba el 10 %, ahora se ubica entre el 10 % y el 12 %); ahora la Policía y el Ejército juegan un papel más importante como proveedores de seguridad en todos los municipios –excepto en los no PDET de alta capacidad que se mantuvo en 60 %)-, al pasar de niveles entre 47 % y 55 % a niveles de entre 55 % a 60 %.

En contraste, ahora la guerrilla juega un papel menos importante como proveedor de seguridad en todos los grupos de municipios (menos del 5 %) cuando antes del acuerdo se ubicaba entre el 5 % y el 12 %.

Conclusiones

La Muestra Especial 2019 evidencia que los retos de Colombia no sólo se circunscriben a las herencias e impactos del conflicto armado: “no todos los municipios que han recibido el impacto de la guerra directamente lo han sufrido de la misma manera e intensidad ni a todos los caracteriza el mismo nivel de presencia estatal; algunos muestran mayor presencia que otros. De la misma manera, los municipios que no han sido golpeados de manera directa por el conflicto armado también evidencian distintos niveles de presencia estatal. Además, esta Muestra Especial confirma que los municipios más vulnerables del país son aquellos en los que confluyen la debilidad estatal y han sufrido una mayor afectación por el conflicto”, concluye García.

Aunque las brechas no son muy grandes, sí se pueden identificar varios países –no solo un país afectado por el conflicto armado y otro no- con dinámicas políticas y actitudinales distintas. Es cierto que el impacto del conflicto sigue estando presente pero es mucho menor, y a la hora de analizar las brechas entre esos diferentes países hay que tener en cuenta otros elementos, como puede ser la debilidad estatal.