El 2021 es un año para hacer balance a la implementación de los mandatos constitucionales, a 30 años de promulgada la Constitución Política de Colombia – CPC. En su momento nos ilusionó el gran avance y apertura en derechos individuales y colectivos que prometía para los ciudadanos y ciudadanas; una Colombia democrática, participativa y pluralista; nos repetimos todos los días, pero claro, hoy sabemos que no es suficiente con las leyes, que necesitamos cambios profundos en la cultura política, un ciudadano y ciudadana a la altura de nuestras aspiraciones.

Históricamente, la política en Colombia está marcada por prácticas tradicionales y perversas como el clientelismo, el caudillismo o gamonalismo, un modelo de relaciones políticas basado en vínculos interpersonales, de mando, obediencia y lealtad que se refuerza con los pactos burocráticos, las prebendas o la famosa “mermelada”, así se obtiene el poder y las mayorías en las corporaciones públicas para evita lo que es la función más importante de éstas “el control político”. Quienes por el contrario cuestionan, marcan diferencia y se oponen, son señalados, estigmatizados y excluidos del debate político a través de “jugaditas”, pues no estamos acostumbrados a aceptar la diferencia, el pluralismo o el disenso.

La época pre constituyente estuvo marcada por un país convulsionado y ahogado por la exclusión y una arquitectura institucional que no respondía a las necesidades del momento, expresada en la violencia política generalizada con pérdidas de liderazgos invaluables, por el solo pecado de disentir, oponerse al sistema y tener propuestas alternativas. El articulo 112 de la CPC fue un gran avance, este dice que “Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que se declaren en oposición al Gobierno, podrán ejercer libremente la función crítica frente a este, y plantear y desarrollar alternativas políticas. Para estos efectos, se les garantizarán los siguientes derechos: el acceso a la información y a la documentación oficial, con las restricciones constitucionales y legales; el uso de los medios de comunicación social del Estado o en aquellos que hagan uso del espectro electromagnético de acuerdo con la representación obtenida en las elecciones para Congreso inmediatamente anteriores; la réplica en los mismos medios de comunicación”.

Fueron necesarios 27 años y al menos 12 proyectos de ley para que el Estatuto de la Oposición fuera una realidad en nuestro país,

así en el 2018 se sancionó la ley 1909 que crea dicho Estatuto, el cual es una herramienta fundamental para los partidos y movimientos políticos con representación en las corporaciones públicas que no estén de acuerdo con el gobierno de turno, para que tengan garantías para la participación; lo que en cualquier democracia debería ser un derecho per se, que debe estar legislado para ser respetado o por lo menos exigible.

En las corporaciones públicas de cualquier ente territorial, la implementación del Estatuto de la Oposición inicia con la declaración política que cada partido o movimiento con representación en él, hace para definir su posición frente al gobierno (Independiente, oposición o de gobierno). Es de resaltar que de las 670 declaratorias que se hicieron los partidos con curules en los concejos de los 125 municipios de Antioquia, solo el 10% (64) se declararon en oposición.

Este es un material que pretende llevar información actualizada, pertinente y de calidad a los líderes sociales y políticos, en este caso sobre el Estatuto de la Oposición, para que tengan las herramientas para la participación efectiva, especialmente con el control social y político para exigir el cumplimiento de la ley a las autoridades competentes; no puede ser que sigamos en una democracia formal donde la oposición peligra.

En este sentido el papel del Consejo Nacional Electoral – CNE, es fundamental para garantizar este derecho y potenciar la participación política como un derecho que puede ser tutelable.

Este Pactemos es el resultado de una alianza entre el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia y la Corporación Conciudadanía, quienes desde el 2019 nos propusimos difundir, promover y hacer seguimiento a la implementación del Estatuto de la Oposición en los municipios del Oriente Antioqueño.

Cuenta además con el aporte de tres artículos muy valiosos, uno de Verónica Tábarez, directora regional de Viva la Ciudadanía en Antioquia; otro de Luis Guillermo Pérez Casas – Abogado defensor de Derechos Humanos y actual Magistrado del Consejo Nacional Electoral y Juan Nicolás Escandón Henao, Abogado Defensor de Derechos Humanos, actualmente asesor de despacho en el Consejo Nacional Electoral y un tercero que relata la experiencia del concejal Alejandro Arcila Jiménez del municipio de El Carmen de Viboral.

A ella/os muchas gracias por la generosidad al compartirnos sus reflexiones.