Por: Alejandro Arcila Jiménez

Concejal municipio de El Carmen de Viboral

En Colombia hacer oposición política es un apostolado difícil, por decir lo menos; por no decir riesgoso, por no decir casi imposible. Nuestra cultura política no ha madurado lo suficiente como para entender que el origen de todos los avances de la humanidad es la contradicción, que de ella nacen las mejores ideas, los mejores desarrollos y los mejores gobiernos. Al contrario, en Colombia las posturas críticas se han considerado criminales, en los peores casos y en los más tranquilos se las ha considerado manifestaciones de revanchismo, de inmadurez o de enemistad personal.

Sea como sea, lo que es claro es que no estamos acostumbrados a que a las corporaciones públicas, encargadas de hacer control político, lleguen personas que piensan diferente a los gobernantes de turno, que estén en disposición de controlar, cuestionar, denunciar y oponerse; la costumbre es el unanimismo que, ha quedado probado, es el ambiente favorable para los totalitarismos. Y todo esto en despecho de la democracia, que queda más que herida, inválida, mutilada, cuando esto pasa.

Si aceptamos la idea de ver a la belleza, la verdad y la justicia, como los productos más refinados de las sociedades, tendremos que aceptar necesariamente que para alcanzar ese refinamiento hace falta un instrumento análogo al tamiz o al cedazo que se usa para separar la arena fina de la gruesa, que es el debate civilizado de ideas y que ese tamiz solo funciona cuando se lo hala con firmeza de ambos lados. Halar el tamiz de un solo lado podrá tener todas las buenas intenciones del mundo, podrá estar inspirado por los mejores ideales, pero nunca logrará filtrar la arena.

A esa falta de cultura política se ha sumado la omisión malintencionada de decenas de gobiernos que se tardaron casi treinta años en reglamentar el Estatuto de la Oposición y establecer unas reglas de juego básicas para proteger y garantizar el derecho fundamental a no estar de acuerdo. Apenas a finales del 2018 se sancionó la ley 1909, que crea dicho estatuto y que en el papel se convierte en una herramienta para que las organizaciones políticas, con miembros electos en las corporaciones públicas, hagan sus declaraciones de oposición y tengan derecho a participar en el debate público en condiciones menos desiguales.

Volviendo a nuestra analogía, no es suficiente con que el tamiz sea halado de ambos lados, se necesita además que se le hale con igual fuerza de cada lado y es cierto que, aunque con cientos de limitaciones, la oposición política ha existido en nuestro país, pero su participación en las discusiones ha sido empobrecida por la vía de restringir los micrófonos y censurar sus manifestaciones. Así el Estatuto acierta en crear el derecho a réplica en los medios de comunicación y a participar en tiempos iguales a los del gobierno en los debates que se desarrollan en el Congreso, las asambleas y los concejos.

Pero el papel puede con todo y, si bien es cierto que en el Congreso la oposición nutrida y muy bien representada que tenemos ha logrado dar la pelea para que se les respeten los

derechos consagrados en el Estatuto, el gobierno y sus bancadas aliadas se han valido de “jugaditas”, como tuvo el descaro de llamarlas el célebre senador Macías, para evitar que la oposición ejerciera plenamente sus derechos. Jugaditas que, como he dicho arriba, no solo dañan a la oposición, sino que dejan lisiada a la democracia.

Y si en Bogotá llueve, por aquí no escampa: en el congreso se ha logrado darle seriedad al ejercicio de la oposición y la insistencia de algunos congresistas ha permitido ganar pulsos interesantes en lo que tiene que ver con la Ley 1909; mientras tanto en las asambleas y los concejos, el panorama es menos alentador.

El viejo refrán de “hecha la ley, hecha la trampa” se ha impuesto como mantra desde el oficialismo y, contrario a lo que era esperable, el Estatuto de Oposición en algunas partes ha terminado limitando más los limitados derechos que tenía antes la oposición. La curul de oposición que se le asigna al segundo en votación para las alcaldías o las gobernaciones

terminó restando una curul para los partidos que presentaban sus candidatos a los concejos y asambleas, la mayoría de las víctimas (salvo algunas afortunadas excepciones, como en la Asamblea de Santander) fueron los partidos minoritarios, que suelen ser los que están en mayor disposición de ser críticos y que terminaron con menores posibilidades de acceder a las curules de Concejos y Asambleas.

De otro lado la declaración política, que debe hacerse por bancadas, suele poner en dificultades a los corporados que ven cooptadas sus posibilidades de ejercer la oposición por la pertenencia a bancadas que se declararan de Gobierno (piénsese en la bancada Verde en Medellín, declarada en Gobierno y las dificultades de Daniel Duque para ejercer oposición a Daniel Quintero). Y finalmente la “jugadita” más terrible que ha venido haciendo carrera en los municipios: la declaración de oposición de bancadas que son de gobierno, para así restarle derechos a quienes ejercen verdadera oposición, evitando su presencia en la mesa directiva y recortándole tiempo en los derechos a la réplica.

Ahora quiero compartirles mi propia experiencia como concejal en mi pueblo, El Carmen de Viboral. Durante el año 2020 y 2021 el Estatuto de Oposición ha sido manoseado e irrespetado de manera sistemática y prácticamente continua. Cuando se instaló el nuevo concejo municipal propuse que los concejales hicieran explícita la declaración de su bancada y la proposición fue negada por la mayoría; y a pesar de haberme declarado en oposición verbalmente en la sesión, no se me reconoció el derecho a la vicepresidencia de la corporación.

Posteriormente, las bancadas hicieron sus declaraciones y ante el hecho de que ninguna bancada se declaró en oposición quedó anulada cualquier posibilidad de usar el derecho de réplica a las manifestaciones del alcalde en la corporación, ni que hablar de las manifestaciones que hace por fuera de la corporación donde, salvo por el papel importantísimo de los medios que han tratado de dar equilibrio de manera voluntaria, no se ha garantizado el ejercicio de oposición.

Luego llegaron las dificultades para que los dos concejales que hoy ejercemos oposición de facto, pero que jurídicamente no tenemos reconocimiento, para hacer nuestra declaración formal de oposición. Ante la obligación de que sean las bancadas quienes se declaren en oposición y la prohibición de que los concejales lo hagan de manera individual, ha impedido que concejales que pertenecen a una bancada múltiple, puedan hacer su declaratoria.

En el caso de quienes, en ejercicio de los derechos políticos que tenemos, tomamos la decisión de escindirnos de los partidos que nos avalaron, hoy no tenemos un procedimiento claro para hacer nuestra declaratoria de oposición. A todo esto, se suman las maniobras que desde el oficialismo se han hecho para impedir el ejercicio de la oposición, como la declaratoria de opositores que han hecho concejales que participan de la bancada de gobierno y que reclaman, a pesar de no hacer oposición, derechos propios de ella, como el de ocupar la vicepresidencia de la corporación.

Ilustración:
Camila Santafé.

Si bien la Ley 1909 es un avance y crea unas garantías, que bien utilizadas pueden mejorar el ambiente para la oposición política, mientras no se revisen puntualmente las condiciones especiales de los concejos y asambleas, podrá ser fácilmente utilizada en contra de sus propósitos originales.

Por lo pronto, quienes estamos comprometidos con que la democracia sea un tamiz eficaz para lograr la justicia, quedamos con la obligación moral y política de seguir denunciando las prácticas que desnaturalizan el Estatuto de Oposición y que limitan el derecho a disentir, sabiendo que ninguna sociedad está nunca terminada, ninguna legislación ha llegado nunca a su punto de mayor perfección y que la única forma de mejorar las cosas es por la vía del martillo, de la contradicción, del debate civilizado y del disenso.

Nos queda a todos la tarea de estar atentos y castigar en las urnas a quienes promueven el unanimismo.