Por: Laura Higuita G., estudiante del pregrado en Ciencia Política de la U de A.

José Miguel Rivera G., estudiante del pregrado en Desarrollo Territorial de la U de A.

Luego del logro histórico de la aprobación del Estatuto de Oposición hace aproximadamente tres años, han surgido en la escena pública debates sobre la pertinencia, efectividad y posibles efectos del Estatuto sobre la democracia y la vida política del país. Por un lado, están quienes afirman que el Estatuto no es más que una simple formalidad, parte de la tradición de resolver todos los problemas legislando; por otro lado, están quienes piensan que el Estatuto no otorga nada nuevo a las disposiciones contenidas en la Constitución con anterioridad, y también están quienes piensan que el Estatuto corresponde a un gran salto hacia una democracia plena.

Tanto los más pesimistas como los más entusiastas sobre el Estatuto, concuerdan en que este marca un referente importante para la vida política del país, la cuestión a discutir es en qué radica su importancia y cuáles son las principales dificultades y retos para el Estatuto de Oposición.

La Ley 1909 de 2018 que establece el Estatuto de Oposición y algunos derechos para las organizaciones independientes, ha sido blanco de diversas críticas y análisis por parte de sectores políticos, sociales y académicos; y uno de los puntos más recurrentes, son los vacíos que se encuentran en dicha ley. Por ejemplo, en la declaratoria política (donde los partidos se declaran de gobierno, en oposición o independientes) solo se permite realizar a organizaciones que tengan personería jurídica, sin embargo, es bastante común ver candidatos de alta popularidad que participan mediante firmas de la ciudadanía. Lo anterior resulta problemático en todas las disposiciones del estatuto para opositores sin personería jurídica, ya que estos no fueron considerados en el Estatuto. Por otro lado, se encuentra un vacío en el Artículo 19 por el cual se establece que las agrupaciones declaradas en oposición pueden participar estableciendo el orden del día en las plenarias tres veces durante cada legislatura del Congreso.

Sin embargo, no se expresa quien específicamente establece dicho orden. Esto fue motivo de discordia en el Congreso, ya que algunos miembros expresaron que debía realizarse por medio de las mesas directivas de cada partido, mientras que otros difieren de tal afirmación.

Entre las dificultades que enfrenta el Estatuto de Oposición se encuentra la poca  responsabilidad de las entidades reguladoras y las agrupaciones políticas que deben cumplirlo. Un ejemplo de lo anterior, es la sanción al Partido Político AICO ya que no cumplieron con los plazos para la declaratoria de oposición y portanto deben realizar el pago de una multa de cerca de catorce millones de pesos. El partido expresó que el incumplimiento se debió a la incapacidad de modificación de sus estatutos debido a que para realizar este cambio debían convocar una asamblea y no contaba con los recursos necesarios para dicha tarea. Bien sea por falta de recursos o poca voluntad política, ninguno de los anteriores resulta nuevo en la dinámica política del país.

En concordancia con lo anterior, algunas de las dificultades del Estatuto recaen en los estilos tradicionales de hacer política, dotado de negociaciones bajo la mesa, pactos burocráticos, redes clientelares que desdibujan las clasificaciones propuestas por el Estatuto –de oposición, independiente o de gobierno- y que desafían la lógica de este. Resulta complejo establecer los partidos de oposición, los de coalición con el gobierno y los independientes, cuando la declaración de los partidos no hace que estos actúen en todas las situaciones en concordancia con la declaratoria; hay partidos que se proclaman de gobierno y actúan ocasionalmente de oposición, o independientes que apoyan al gobierno; todo esto es algo muy variable y problemático al momento de realizar distinciones.

Lo anterior se debe en parte a que la dinámica política actual no logra escapar de los personalismos políticos que debilitan la unidad de los partidos. Sin embargo, el Estatuto no busca eliminar dichas divisiones internas, ya que la declaratoria de oposición no necesariamente se realiza de forma unánime, es decir que pueden estar algunos miembros en oposición y en coalición con el gobierno, lo cual constituye una dificultad que debe atenderse, ya que si bien, la oposición política del país es amplia y heterogénea, y esto es fundamental en cualquier democracia, cabe preguntarse si se está ejerciendo una oposición consciente, responsable y constructiva.

Ahora bien, la Procuraduría alertó la falta de cumplimiento y reglamentación en los derechos que brindan protección a los miembros de la oposición, y dicha falla se ha visto reflejada en la amenaza, asesinato y atentados hacia opositores como es el caso de la Colombia Humana, que se ha visto afectada por la intolerancia a la oposición. De igual forma, la Procuraduría señaló que el CNE y el Ministerio de las TIC han tardado en la gestión y financiamiento para garantizar el acceso a medios de comunicación del Estado, y otros derechos consagrados en el Estatuto.

Por otro lado, la MOE propuso a finales del año pasado realizar reformas al Estatuto de Oposición con el fin de mejorar aspectos contenidos en este; propone cambiar los plazos para la declaratoria política, permitiendo a las agrupaciones políticas hacer la declaratoria cuando se sepa quien asumirá la presidencia; propone además, que el derecho a réplica se extienda al discurso de instalación de congreso; también pide que se regulen las coaliciones y se exija actuar unánimemente a la hora de establecer la declaratoria política, y que esta sea única y total para la bancada en cuestión.

La MOE propone dar todos los derechos de oposición a los candidatos en segundo lugar que no tengan personería jurídica, menos el derecho a la financiación y por último, piden afianzar la seguridad de los miembros de la oposición y reglamentar el acceso a medios de comunicación.

Ilustración:
Camila Santafé.

Además de los problemas en la reglamentación y los vacíos legales del Estatuto mencionados anteriormente, aún hay dificultades en llevar la oposición política a los territorios, no solo por la desconexión del gobierno central con los gobiernos locales regionales y la desigualdad política irremediable, sino también por la falta de acceso a la información y de difusión de conocimiento en la materia con la ciudadanía. De otro lado, la crisis interna de los partidos políticos, donde los personalismos difuminan la unidad de los partidos, entorpece los procesos de consolidación de democracia y oposición efectiva.

Ilustración:
Camila Santafé.

Es fundamental reflexionar sobre el Estatuto de Oposición para conocer el alcance y las dificultades que puede tener en la actualidad, y poder evaluar su eficacia y futuras reformas dentro de las posibilidades del sistema político del país.

También es importante reconocer que el Estatuto de Oposición no logra resolver las problemáticas estructurales del país que impiden el correcto desarrollo de una democracia plena; sin embargo, sentó un precedente de unión de muchos intereses durante más de dos décadas para contribuir a la formación del Estatuto.

De acuerdo con lo anterior, el éxito del Estatuto de Oposición requiere de una suma de voluntades políticas que lo hagan cumplir y que complementen los vacíos normativos y políticos que se presenten. De igual forma, debe posicionarse en la agenda pública de los territorios el tema de la oposición política, ya que no basta tener una oposición expresada únicamente en términos legales y formales, pero seguir con una democracia en la cual la oposición es inviable y vista como peligrosa.