Por: Verónica Tabares Muñoz

Directora regional Viva La Ciudadanía

El Estatuto de la Oposición fue una promesa incluida en la Constitución de 1991, y solo hasta el año 2018 fue posible tener reglamentadas estas garantías. ¿De qué manera entonces se ha comprendido el ejercicio de la oposición en Colombia, durante estos 30 años? Este texto pretende acercarse de forma general a las comprensiones que diversos políticos, en su papel como congresistas o ministros, han dado al ejercicio de este derecho, a partir de un recorrido por los proyectos de estatutos de oposición que fueron presentados durante los años 90 y en la primera década del 2000, bajo cuatro esferas: la definición de la oposición, los objetivos de los proyectos de ley, los actores o sujetos y los escenarios para ejercer este derecho[1].

Para empezar, definamos a qué se refiere un estatuto de oposición. De acuerdo con Londoño (2016), es un cuerpo o conjunto de normas que determinan los derechos y obligaciones, prerrogativas y sujeciones, medios y responsabilidades de quienes ejercen oposición política para desarrollar sus funciones y constituirse como alternativa a la mayoría que ejerce el poder del Estado. Estas reglas delimitan el ejercicio, pero no lo definen completamente, por los múltiples repertorios que puede tener y está determinado por el carácter democrático del régimen en donde se desarrolle dicho aspecto normativo.

De acuerdo con este recorrido histórico de los proyectos de ley (ver tabla 1), en su mayoría, definen la oposición como función o actividad de crítica y fiscalización de la acción de gobierno, tres de ellos aluden a los derechos a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, que establece la Constitución en su Artículo 40, y en uno de ellos, agregan la función de propuestas de alternativas políticas distintas a las del gobierno. Es decir, que la oposición es un derecho constitucional, relacionado con otros derechos y principios, que da cuenta del pluralismo de la sociedad, y tal vez, lo más importante, es que se configura como alternativa política con vocación de poder.

Los actores que se reconocen mediante estos proyectos de estatuto son, en primer lugar, los partidos y movimientos políticos representados en el Congreso de la República y que no forman parte del gobierno. Luego, a partir del año 1995, se incorpora “con personería jurídica” o “debidamente constituidos”. Solo hasta la Reforma Política del 2003, esto fue incluido en la Constitución, y se amplió la posibilidad de que partidos que no estuvieran en el Congreso pudieran ejercer este derecho.

En donde no hubo mayores consensos fue en el otorgamiento de estos derechos a organizaciones y movimientos sociales. Quienes sí los reconocían fueron los proyectos de ley de Manuel Cepeda Vargas, y los de Yolima Espinosa, aunque no se evidenciaron mecanismos o garantías específicas para estos.

El proyecto de Elsa Gladys Cifuentes agrega movimientos significativos de ciudadanos “con personería jurídica” e incluye un requisito de declaración de no estar de acuerdo con el gobierno y no participar en él. Como parte de los objetivos, se incluyeron el de identificar los actores en oposición y reconocer u otorgar garantías para el ejercicio efectivo de este derecho. Otros tenían el objetivo de regularlo, determinar su marco general, o inclusive, limitarlo. En esta esfera, también se han tenido en cuenta otros alcances que se evidencian en algunas de las garantías descritas en los proyectos de ley, relacionadas con la posibilidad de incidir en agendas, en presentar puntos de vista alternativos y por supuesto, elementos de fortalecimiento de los actores o beneficiarios.

Los proyectos 118, 037, 060 y 014, incluyen el objetivo de propiciar la convivencia pacíficaentre los colombianos(as), otorgando a estas garantías un potencial para el ejercicio de trámite de conflictos de forma dialogada. Es decir, hay un carácter transicional de la oposición porque tiene en cuenta el peso histórico y las consecuencias que ha tenido para el país, la violencia política y el cierre democrático.

Como lo asegura Londoño (2016), parte de los procesos de negociación de paz han incluido la posibilidad de que los grupos armados se transformen en partidos políticos, lo cual trae consigo enormes retos de fortalecimiento estructural e institucional, esto incluye el acceso a recursos para llevar a cabo campañas, estudios e investigaciones para elaborar propuesta alternativas y desarrollo de infraestructura partidista regional, además de brindar la seguridad para ejercer política. Cabe aclarar, que no se limita a los partidos que surgen por procesos de paz sino también del reconocimiento de movimientos minoritarios o sobre los cuales su doctrina y plataforma electoral no es la del régimen dominante.

Sobre esto, solo cinco de los nueve proyectos ley, incluyeron mecanismos de fortalecimiento de estas agrupaciones políticas declaradas en oposición con representación parlamentaria, a través de apoyo administrativo y logístico a unidades legislativas, en el caso del proyecto 094, y 02, empleados y/o contratistas y el proyecto 114 que definió financiación específica para estas. Este último proyecto de ley agregó también la difusión de la plataforma política de oposición, garantías de participación en cuerpos colegiados para segundos en votación, para acceder a curules en el Senado, asamblea departamental, concejo distrital o municipal, cosa que fue aprobada en la reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional del año 2015 y que se hizo efectiva por primera vez en el 2018.

Capitolio Nacional. Fotografía: Elias Rovielo. Licencia Creative Commons. Flicker.

Se encontraron otros objetivos relacionados con las formas de incidir en las agendas para intervenir en todos los debates de las corporaciones públicas y otro que incluyó garantías para determinar el orden del día de sesiones plenarias y comisiones del Congreso. Los proyectos de ley 44, 094, y 02 incluyeron un amparo para colaborar con el gobierno en cuanto a la elaboración o revisión de la legislación relativa a los partidos y movimientos políticos, a las elecciones, a ser consultados en cuestiones específicas que pudieran ser sensibles al control y fiscalización o de definición de políticas de alto interés nacional. Los proyectos de ley 02 y 012 afianzaron el derecho a presentar al gobierno nacional puntos de vista sobre los principales asuntos de interés público.

Con respecto a los escenarios, todos coinciden en que el ejercicio de la oposición es parlamentario y, aunque todos los proyectos hacen referencia a los derechos regionales y locales de la oposición, no en todos ellos se evidenciaron alusiones específicas de estos escenarios, solo en el 44, 95 y 114. El proyecto de ley de 1992 especifica la participación en escenarios como las comisiones especiales nombradas fuera del ámbito parlamentario para atender asuntos relevantes de interés nacional. También en juntas directivas de organismos estatales, en cinco de los nueve proyectos de ley. A partir del año 95 se incluye la participación en el Consejo Nacional Electoral, después, con el de Horacio Serpa, se agrega la participación en otras entidades y/o roles relacionados con los procesos electorales. Además, se consideraron escenarios como la Comisión Nacional de Servicio Civil, y la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, el Consejo Consultivo de Televisión, más tarde con el nombre Consejo Nacional de Televisión (años 96 y 97) y posteriormente, Comisión Nacional de Televisión (año 2008).

Estos proyectos de ley cuentan con un vacío común y es que no se demuestran los mecanismos de protección de los derechos, o sanciones para quienes los violen. Solo en el 114 de 2008, se contemplan mecanismos para sancionar con la pérdida de los derechos de oposición por violación de estatuto. Se evidencian además carencias como escenarios en la radio y la prensa, que son vitales para divulgar posturas diferentes y debates sobre temas relevantes para las regiones, sin mencionar el papel que hoy juegan las redes sociales y sobre las cuales es comprensible que a 2008 no se hayan tenido en cuenta.

Finalmente, fue expedida la Ley 1909 de 2018 por medio de la cual se adopta el Estatuto de la Oposición Política y algunos derechos a las organizaciones políticas independientes, dando cumplimiento a uno de los elementos del Acuerdo Final de Paz entre el gobierno nacional y las FARC, y que en su ratificación por la Corte Constitucional, se da cuenta de varios de los debates que surtieron durante todos estos años sobre la naturaleza del estatuto, definiciones, actores, escenarios y garantías para la oposición política.

Referencias

Londoño, J. (2016). Oposición política en Colombia. Completar la democracia y garantizar la paz. Bogotá: Registraduría

Nacional del Estado Civil-CEDAE-CAAP

KAS. (2017). La oposición política en Colombia. Reglas claras para ideas contrarias, KAS Papers #33.

Corte constitucional (2018). Sentencia C-018/18

Congreso Visible. Reforma Política de 2003. Recuperado de: https://congresovisible.uniandes.edu.co/democracia/ reformas/2003/

Congreso Visible, Personería Jurídica. Recuperado de: https:// congresovisible.uniandes.edu.co/democracia/reformas/ sistemapartidos/personeriajuridica/

[1] Para este análisis no incluimos aquellas iniciativas que pretendieron reglamentar algunos derechos mas no un estatuto ni

aquellas que no fueron presentadas al Congreso.

Por: Laura Higuita G., estudiante del pregrado en Ciencia Política de la U de A.

José Miguel Rivera G., estudiante del pregrado en Desarrollo Territorial de la U de A.

Luego del logro histórico de la aprobación del Estatuto de Oposición hace aproximadamente tres años, han surgido en la escena pública debates sobre la pertinencia, efectividad y posibles efectos del Estatuto sobre la democracia y la vida política del país. Por un lado, están quienes afirman que el Estatuto no es más que una simple formalidad, parte de la tradición de resolver todos los problemas legislando; por otro lado, están quienes piensan que el Estatuto no otorga nada nuevo a las disposiciones contenidas en la Constitución con anterioridad, y también están quienes piensan que el Estatuto corresponde a un gran salto hacia una democracia plena.

Tanto los más pesimistas como los más entusiastas sobre el Estatuto, concuerdan en que este marca un referente importante para la vida política del país, la cuestión a discutir es en qué radica su importancia y cuáles son las principales dificultades y retos para el Estatuto de Oposición.

La Ley 1909 de 2018 que establece el Estatuto de Oposición y algunos derechos para las organizaciones independientes, ha sido blanco de diversas críticas y análisis por parte de sectores políticos, sociales y académicos; y uno de los puntos más recurrentes, son los vacíos que se encuentran en dicha ley. Por ejemplo, en la declaratoria política (donde los partidos se declaran de gobierno, en oposición o independientes) solo se permite realizar a organizaciones que tengan personería jurídica, sin embargo, es bastante común ver candidatos de alta popularidad que participan mediante firmas de la ciudadanía. Lo anterior resulta problemático en todas las disposiciones del estatuto para opositores sin personería jurídica, ya que estos no fueron considerados en el Estatuto. Por otro lado, se encuentra un vacío en el Artículo 19 por el cual se establece que las agrupaciones declaradas en oposición pueden participar estableciendo el orden del día en las plenarias tres veces durante cada legislatura del Congreso.

Sin embargo, no se expresa quien específicamente establece dicho orden. Esto fue motivo de discordia en el Congreso, ya que algunos miembros expresaron que debía realizarse por medio de las mesas directivas de cada partido, mientras que otros difieren de tal afirmación.

Entre las dificultades que enfrenta el Estatuto de Oposición se encuentra la poca  responsabilidad de las entidades reguladoras y las agrupaciones políticas que deben cumplirlo. Un ejemplo de lo anterior, es la sanción al Partido Político AICO ya que no cumplieron con los plazos para la declaratoria de oposición y portanto deben realizar el pago de una multa de cerca de catorce millones de pesos. El partido expresó que el incumplimiento se debió a la incapacidad de modificación de sus estatutos debido a que para realizar este cambio debían convocar una asamblea y no contaba con los recursos necesarios para dicha tarea. Bien sea por falta de recursos o poca voluntad política, ninguno de los anteriores resulta nuevo en la dinámica política del país.

En concordancia con lo anterior, algunas de las dificultades del Estatuto recaen en los estilos tradicionales de hacer política, dotado de negociaciones bajo la mesa, pactos burocráticos, redes clientelares que desdibujan las clasificaciones propuestas por el Estatuto –de oposición, independiente o de gobierno- y que desafían la lógica de este. Resulta complejo establecer los partidos de oposición, los de coalición con el gobierno y los independientes, cuando la declaración de los partidos no hace que estos actúen en todas las situaciones en concordancia con la declaratoria; hay partidos que se proclaman de gobierno y actúan ocasionalmente de oposición, o independientes que apoyan al gobierno; todo esto es algo muy variable y problemático al momento de realizar distinciones.

Lo anterior se debe en parte a que la dinámica política actual no logra escapar de los personalismos políticos que debilitan la unidad de los partidos. Sin embargo, el Estatuto no busca eliminar dichas divisiones internas, ya que la declaratoria de oposición no necesariamente se realiza de forma unánime, es decir que pueden estar algunos miembros en oposición y en coalición con el gobierno, lo cual constituye una dificultad que debe atenderse, ya que si bien, la oposición política del país es amplia y heterogénea, y esto es fundamental en cualquier democracia, cabe preguntarse si se está ejerciendo una oposición consciente, responsable y constructiva.

Ahora bien, la Procuraduría alertó la falta de cumplimiento y reglamentación en los derechos que brindan protección a los miembros de la oposición, y dicha falla se ha visto reflejada en la amenaza, asesinato y atentados hacia opositores como es el caso de la Colombia Humana, que se ha visto afectada por la intolerancia a la oposición. De igual forma, la Procuraduría señaló que el CNE y el Ministerio de las TIC han tardado en la gestión y financiamiento para garantizar el acceso a medios de comunicación del Estado, y otros derechos consagrados en el Estatuto.

Por otro lado, la MOE propuso a finales del año pasado realizar reformas al Estatuto de Oposición con el fin de mejorar aspectos contenidos en este; propone cambiar los plazos para la declaratoria política, permitiendo a las agrupaciones políticas hacer la declaratoria cuando se sepa quien asumirá la presidencia; propone además, que el derecho a réplica se extienda al discurso de instalación de congreso; también pide que se regulen las coaliciones y se exija actuar unánimemente a la hora de establecer la declaratoria política, y que esta sea única y total para la bancada en cuestión.

La MOE propone dar todos los derechos de oposición a los candidatos en segundo lugar que no tengan personería jurídica, menos el derecho a la financiación y por último, piden afianzar la seguridad de los miembros de la oposición y reglamentar el acceso a medios de comunicación.

Ilustración:
Camila Santafé.

Además de los problemas en la reglamentación y los vacíos legales del Estatuto mencionados anteriormente, aún hay dificultades en llevar la oposición política a los territorios, no solo por la desconexión del gobierno central con los gobiernos locales regionales y la desigualdad política irremediable, sino también por la falta de acceso a la información y de difusión de conocimiento en la materia con la ciudadanía. De otro lado, la crisis interna de los partidos políticos, donde los personalismos difuminan la unidad de los partidos, entorpece los procesos de consolidación de democracia y oposición efectiva.

Ilustración:
Camila Santafé.

Es fundamental reflexionar sobre el Estatuto de Oposición para conocer el alcance y las dificultades que puede tener en la actualidad, y poder evaluar su eficacia y futuras reformas dentro de las posibilidades del sistema político del país.

También es importante reconocer que el Estatuto de Oposición no logra resolver las problemáticas estructurales del país que impiden el correcto desarrollo de una democracia plena; sin embargo, sentó un precedente de unión de muchos intereses durante más de dos décadas para contribuir a la formación del Estatuto.

De acuerdo con lo anterior, el éxito del Estatuto de Oposición requiere de una suma de voluntades políticas que lo hagan cumplir y que complementen los vacíos normativos y políticos que se presenten. De igual forma, debe posicionarse en la agenda pública de los territorios el tema de la oposición política, ya que no basta tener una oposición expresada únicamente en términos legales y formales, pero seguir con una democracia en la cual la oposición es inviable y vista como peligrosa.

Por: Alejandro Arcila Jiménez

Concejal municipio de El Carmen de Viboral

En Colombia hacer oposición política es un apostolado difícil, por decir lo menos; por no decir riesgoso, por no decir casi imposible. Nuestra cultura política no ha madurado lo suficiente como para entender que el origen de todos los avances de la humanidad es la contradicción, que de ella nacen las mejores ideas, los mejores desarrollos y los mejores gobiernos. Al contrario, en Colombia las posturas críticas se han considerado criminales, en los peores casos y en los más tranquilos se las ha considerado manifestaciones de revanchismo, de inmadurez o de enemistad personal.

Sea como sea, lo que es claro es que no estamos acostumbrados a que a las corporaciones públicas, encargadas de hacer control político, lleguen personas que piensan diferente a los gobernantes de turno, que estén en disposición de controlar, cuestionar, denunciar y oponerse; la costumbre es el unanimismo que, ha quedado probado, es el ambiente favorable para los totalitarismos. Y todo esto en despecho de la democracia, que queda más que herida, inválida, mutilada, cuando esto pasa.

Si aceptamos la idea de ver a la belleza, la verdad y la justicia, como los productos más refinados de las sociedades, tendremos que aceptar necesariamente que para alcanzar ese refinamiento hace falta un instrumento análogo al tamiz o al cedazo que se usa para separar la arena fina de la gruesa, que es el debate civilizado de ideas y que ese tamiz solo funciona cuando se lo hala con firmeza de ambos lados. Halar el tamiz de un solo lado podrá tener todas las buenas intenciones del mundo, podrá estar inspirado por los mejores ideales, pero nunca logrará filtrar la arena.

A esa falta de cultura política se ha sumado la omisión malintencionada de decenas de gobiernos que se tardaron casi treinta años en reglamentar el Estatuto de la Oposición y establecer unas reglas de juego básicas para proteger y garantizar el derecho fundamental a no estar de acuerdo. Apenas a finales del 2018 se sancionó la ley 1909, que crea dicho estatuto y que en el papel se convierte en una herramienta para que las organizaciones políticas, con miembros electos en las corporaciones públicas, hagan sus declaraciones de oposición y tengan derecho a participar en el debate público en condiciones menos desiguales.

Volviendo a nuestra analogía, no es suficiente con que el tamiz sea halado de ambos lados, se necesita además que se le hale con igual fuerza de cada lado y es cierto que, aunque con cientos de limitaciones, la oposición política ha existido en nuestro país, pero su participación en las discusiones ha sido empobrecida por la vía de restringir los micrófonos y censurar sus manifestaciones. Así el Estatuto acierta en crear el derecho a réplica en los medios de comunicación y a participar en tiempos iguales a los del gobierno en los debates que se desarrollan en el Congreso, las asambleas y los concejos.

Pero el papel puede con todo y, si bien es cierto que en el Congreso la oposición nutrida y muy bien representada que tenemos ha logrado dar la pelea para que se les respeten los

derechos consagrados en el Estatuto, el gobierno y sus bancadas aliadas se han valido de “jugaditas”, como tuvo el descaro de llamarlas el célebre senador Macías, para evitar que la oposición ejerciera plenamente sus derechos. Jugaditas que, como he dicho arriba, no solo dañan a la oposición, sino que dejan lisiada a la democracia.

Y si en Bogotá llueve, por aquí no escampa: en el congreso se ha logrado darle seriedad al ejercicio de la oposición y la insistencia de algunos congresistas ha permitido ganar pulsos interesantes en lo que tiene que ver con la Ley 1909; mientras tanto en las asambleas y los concejos, el panorama es menos alentador.

El viejo refrán de “hecha la ley, hecha la trampa” se ha impuesto como mantra desde el oficialismo y, contrario a lo que era esperable, el Estatuto de Oposición en algunas partes ha terminado limitando más los limitados derechos que tenía antes la oposición. La curul de oposición que se le asigna al segundo en votación para las alcaldías o las gobernaciones

terminó restando una curul para los partidos que presentaban sus candidatos a los concejos y asambleas, la mayoría de las víctimas (salvo algunas afortunadas excepciones, como en la Asamblea de Santander) fueron los partidos minoritarios, que suelen ser los que están en mayor disposición de ser críticos y que terminaron con menores posibilidades de acceder a las curules de Concejos y Asambleas.

De otro lado la declaración política, que debe hacerse por bancadas, suele poner en dificultades a los corporados que ven cooptadas sus posibilidades de ejercer la oposición por la pertenencia a bancadas que se declararan de Gobierno (piénsese en la bancada Verde en Medellín, declarada en Gobierno y las dificultades de Daniel Duque para ejercer oposición a Daniel Quintero). Y finalmente la “jugadita” más terrible que ha venido haciendo carrera en los municipios: la declaración de oposición de bancadas que son de gobierno, para así restarle derechos a quienes ejercen verdadera oposición, evitando su presencia en la mesa directiva y recortándole tiempo en los derechos a la réplica.

Ahora quiero compartirles mi propia experiencia como concejal en mi pueblo, El Carmen de Viboral. Durante el año 2020 y 2021 el Estatuto de Oposición ha sido manoseado e irrespetado de manera sistemática y prácticamente continua. Cuando se instaló el nuevo concejo municipal propuse que los concejales hicieran explícita la declaración de su bancada y la proposición fue negada por la mayoría; y a pesar de haberme declarado en oposición verbalmente en la sesión, no se me reconoció el derecho a la vicepresidencia de la corporación.

Posteriormente, las bancadas hicieron sus declaraciones y ante el hecho de que ninguna bancada se declaró en oposición quedó anulada cualquier posibilidad de usar el derecho de réplica a las manifestaciones del alcalde en la corporación, ni que hablar de las manifestaciones que hace por fuera de la corporación donde, salvo por el papel importantísimo de los medios que han tratado de dar equilibrio de manera voluntaria, no se ha garantizado el ejercicio de oposición.

Luego llegaron las dificultades para que los dos concejales que hoy ejercemos oposición de facto, pero que jurídicamente no tenemos reconocimiento, para hacer nuestra declaración formal de oposición. Ante la obligación de que sean las bancadas quienes se declaren en oposición y la prohibición de que los concejales lo hagan de manera individual, ha impedido que concejales que pertenecen a una bancada múltiple, puedan hacer su declaratoria.

En el caso de quienes, en ejercicio de los derechos políticos que tenemos, tomamos la decisión de escindirnos de los partidos que nos avalaron, hoy no tenemos un procedimiento claro para hacer nuestra declaratoria de oposición. A todo esto, se suman las maniobras que desde el oficialismo se han hecho para impedir el ejercicio de la oposición, como la declaratoria de opositores que han hecho concejales que participan de la bancada de gobierno y que reclaman, a pesar de no hacer oposición, derechos propios de ella, como el de ocupar la vicepresidencia de la corporación.

Ilustración:
Camila Santafé.

Si bien la Ley 1909 es un avance y crea unas garantías, que bien utilizadas pueden mejorar el ambiente para la oposición política, mientras no se revisen puntualmente las condiciones especiales de los concejos y asambleas, podrá ser fácilmente utilizada en contra de sus propósitos originales.

Por lo pronto, quienes estamos comprometidos con que la democracia sea un tamiz eficaz para lograr la justicia, quedamos con la obligación moral y política de seguir denunciando las prácticas que desnaturalizan el Estatuto de Oposición y que limitan el derecho a disentir, sabiendo que ninguna sociedad está nunca terminada, ninguna legislación ha llegado nunca a su punto de mayor perfección y que la única forma de mejorar las cosas es por la vía del martillo, de la contradicción, del debate civilizado y del disenso.

Nos queda a todos la tarea de estar atentos y castigar en las urnas a quienes promueven el unanimismo.