Convocatoria para investigadores de campo

Convocatoria para investigadores de campo

El Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes está buscando cuatro investigadores de campo, dos (2) investigadores ubicados en la region del Pacífico Nariñense y dos (2) investigadores en Norte de Santander, para vincularse a un proyecto sobre implementación de los Acuerdos de Paz.

El Observatorio de la Democracia es un centro de investigación de opinión pública que cuenta con el apoyo de USAID. Los objetivos del Observatorio incluyen la preparación de estudios cuantitativos y cualitativos (incluyendo el estudio del Barómetro de las Américas–LAPOP), la supervisión del trabajo de recolección de los datos, el análisis de dichos datos y la difusión y el posicionamiento a nivel nacional de los resultados entre actores políticos, miembros de la sociedad civil y sectores académicos interesados en las actitudes, percepciones y creencias políticas de los colombianos.

Perfil: Profesional o técnico con experiencia demostrable de trabajo cualitativo en campo y recolección de datos en el Pacifico Nariñense o Norte de Santander. Preferiblemente, se espera que los investigadores de campo tengan un pregrado en ciencias sociales y/o afines. Específicamente, se buscan candidatos con experiencia haciendo entrevistas semiestructuradas, grupos focales y observaciones con diferentes entidades locales y organizaciones civiles.

Funciones:

  • Planeación, agendamiento y desarrollo de la investigación en campo
  • Entrevistar a diversos actores locales
  • Realizar grupos focales en la región
  • Toma de notas durante entrevistas y grupos focales
  • Transcripción de las entrevistas y de los grupos focales
  • Escribir reportes de avances del trabajo de campo

Requisitos:

  • Se espera que los investigadores de campo estén ubicados permanentemente en la región respectiva. Estamos interesados en personas cuya residencia permanente es el Pacifico Nariñense o Norte de Santander.
  • Disponibilidad de tiempo (35 horas semanales) y experiencia comprobable de al menos un año en trabajo campo de cualitativo (entrevistas, observaciones y grupos focales).
  • Idealmente, se espera que los investigadores tengan experiencia trabajando en uno o varios de los siguientes temas: conflicto, construcción de paz, desarrollo, seguridad, género, educación, salud y/o medio ambiente.
  • Habilidades de trascripción, de redacción y comunicación. Excelentes habilidades en coordinación de trabajo de campo y realización de entrevistas y grupos focales.
  • Experiencia trabajando en equipo.

Condiciones contrato: El sueldo es de tres millones (3.000.000) de pesos colombianos, y el contrato es por prestación de servicios de dos (2) meses.

En caso de estar interesado(a), por favor envíe su hoja de vida por correo electrónico a Mariana Saldarriaga (m.saldarriaga142@uniandes.edu.co), antes de julio 6, 2021. Luego de un proceso de revisión, nos pondremos en contacto con usted para informarle si fue preseleccionado(a) en cuyo caso programaremos una entrevista y prueba técnica.

Cordial saludo,

Miguel García Sánchez. Ph.D.

m.garcia268@uniandes.edu.co

Codirector, Observatorio de la Democracia

Satisfacción con los servicios básicos y crisis de la confianza en las instituciones

Satisfacción con los servicios básicos y crisis de la confianza en las instituciones

La confianza de los colombianos en las principales instituciones ha tenido una caída considerable. De acuerdo con el Barómetro de las Américas 2018 la confianza en el Presidente disminuyó de 70% en 2008 a 44% en 2018, en el sistema de justicia de 49% a 30% en el mismo periodo de tiempo y en el Congreso de 42% a 25% en 2018. En instituciones locales la confianza en alcaldías pasó de 59% a 43% en 2018. Estos datos dan cuenta de la crisis de credibilidad en las instituciones que se vive en Colombia y que podría afectar la estabilidad del sistema político.

El desempeño de las instituciones medido por la satisfacción con la provisión de servicios es importante para explicar los niveles de confianza en las instituciones y el apoyo al sistema político. La experiencia directa de los ciudadanos con las instituciones se convierte en una fuente de apoyo, a través de la medición de los resultados de las instituciones adoptan una actitud favorable o desfavorable hacia estas.

En un análisis estadístico sobre el efecto de la satisfacción con los servicios básicos sobre los niveles de confianza en la alcaldía y las tres ramas del poder demostró que la satisfacción con los servicios tiene una correlación positiva en la confianza en las instituciones públicas. La confianza en la alcaldía es más pronunciada lo que indica que la confianza en esta institución se afecta por la insatisfacción de los ciudadanos con los servicios básicos.

Con el propósito de entender qué es lo que la ciudadanía demanda en la provisión de servicios básicos, lo que los gobiernos locales hacen bien y en lo que se debe mejorar se analizó la información cualitativa de los grupos focales que realizó el Observatorio de la Democracia en los estudios Colombia Rural Posconflicto 2017 y Barómetro de las Américas 2018.

El resultado de este análisis sugiere que la crisis de confianza en las instituciones puede ser producto de las evaluaciones que hacen de cómo funciona el Estado en provisión de servicios, por eso con los problemas que perciben los ciudadanos se pensaría que el apoyo al sistema político está lejos de superar la crisis.

Confianza en instituciones y satisfacción con servicios básicos

Los estudios del Observatorio de la Democracia muestran una disminución significativa en la confianza de los colombianos hacia las instituciones públicas de nivel nacional y local, y como lo sugiere la gráfica está correlacionada con la satisfacción de la provisión de los servicios básicos. En los modelos se incluyeron, como controles, el género, la edad, la zona de residencia, el nivel educativo y una variable que captura el espectro político de los ciudadanos (izquierda, centro, o derecha).

En el modelo de regresión cuando la variable dependiente fue la alcaldía la confianza fue más pronunciada, lo que indica que la confianza en la alcaldía se ve más afectada por la insatisfacción de las personas con la provisión de servicios básicos. Estos resultados indican que es importante mejorar la percepción de los ciudadanos.

De acuerdo con los resultados del Barómetro de las Américas 2018 los niveles de satisfacción de los colombianos con los servicios básicos son bajos. La satisfacción con los servicios médicos pasó de 39% en 2012 a 30% en 2018, entre 2016 y 2018 el 55% ha estado satisfecho con los servicios de acueducto y alcantarillado, y la satisfacción con los servicios médicos disminuyó de 39% en 2012 a 30% en 2018. El 54% está satisfecho con la calidad de las escuelas públicas y el 44% con el estado de las vías, carreteras y autopistas.

Las 91 referencias que se tomaron de los grupos focales corresponden a las respuestas sobre qué necesidades y problemáticas creían que había en su región y en el país. El análisis se hizo a través de categorías. Las categorías emergentes que arrojo este ejercicio se presentan en las columnas de la Figura 1: oferta, calidad, infraestructura, articulación interinstitucional, clientelismo y corrupción, y efectividad. En las filas, la Figura 1 clasifica los problemas que fueron mencionados por los participantes de los grupos focales por tipo de servicio básico: agua y alcantarillado, salud, educación y vías y carreteras. También se incluyeron dos filas para empleo y justicia, que no son servicios básicos, pero los participantes de los grupos focales mencionaron que el Estado enfrenta problemas en la garantía de estos derechos.

Los problemas identificados con los participantes tienen que ver con oferta, calidad, clientelismo y corrupción. Al menos una de estas fue mencionada en los seis servicios que aparecen en las referencias o algunos en los que se presenta más de una simultáneamente como en el caso de los servicios de salud, educación y vías.

Agua y alcantarillado

Los ciudadanos manifestaron que este servicio presenta problemas de oferta y corrupción. Según algunos participantes este servicio es inexistente en algunas regiones del país. La falta del servicio afecta la calidad de vida de la comunidad porque deben consumir agua no potable o buscar el recurso. Además de expresar la preocupación por la no oferta mencionaron los problemas de corrupción a nivel local, por los proyectos de acuerdo y alcantarillado que por varios años no han sido ejecutados.

Salud

Los participantes dijeron que el servicio de salud tiene fallas en oferta, calidad y clientelismo. La red de hospitales públicos no tiene capacidad para cubrir la demanda en el territorio nacional, siendo un riesgo para los menores y adultos mayores de las regiones más apartadas.

Otros participantes mencionaron que el problema radica en la poca calidad del servicio, o que la estabilidad laboral de quienes están en el sector depende de los asuntos político-electorales. La injerencia de los políticos en el sistema de salud redunda en problemas de mala gestión en algunos municipios y, a su vez, afecta la calidad del servicio.

Educación

En los grupos focales mencionaron la necesidad de mejorar en temas de oferta, calidad, infraestructura, articulación interinstitucional y gestión. Los ciudadanos hicieron referencia a las pocas oportunidades para acceder a la educación pública a causa de la escasa presencia de instituciones que ofrezcan el servicio en algunas regiones del país. También hay precariedad en las opciones de carreras de educación superior. Algunos participantes mencionaron que no tienen la oportunidad de estudiar la carrera que les gusta o que podrían ayudar a solucionar los problemas de su comunidad.

Asimismo, para el caso específico del SENA, los participantes manifestaron que en algunas regiones el problema de oferta se evidencia en la falta de cupos en los programas que se ofrecen y los tiempos de espera para inscribirse a estos mismos. Por otro lado, los ciudadanos dijeron que en algunas regiones se han diversificado las modalidades de estudio luego de la firma del Acuerdo de Paz.

A pesar del avance en oferta presencial en algunas regiones, otros manifestaron que la educación que reciben los niños y jóvenes es de baja calidad, y la infraestructura de las instituciones públicas está deteriorada. Otro problema que destacaron los participantes es la falta de articulación entre las instituciones del Estado. De acuerdo con los testimonios, el proceso de aprendizaje de los estudiantes del SENA queda incompleto en muchas regiones del país porque los estudiantes no consiguen donde realizar las prácticas laborales. Por lo tanto, los participantes demandan mejor articulación entre instituciones de educación técnica, como por ejemplo el SENA, y otras agencias del Estado, en donde podrían culminar sus estudios.

Finalmente, los participantes manifestaron que en el servicio de la educación hay un problema de gestión, posiblemente a raíz de casos de corrupción, el cual afecta principalmente a los niños que no tienen la posibilidad de acceder a la educación privada.

Vías, carreteras y autopistas

El déficit de la infraestructura vial es uno de los problemas que más hablaron los participantes en algunas regiones del país. La falta de vías y carreteras dificulta el acceso y la movilidad de la comunidad. Los ciudadanos calificaron como mala la malla vial de su municipio y mencionaron que pone en riesgo la vida de conductores y peatones. Y responsabilizaron de estas problemáticas a los casos de corrupción con los recursos públicos.

Empleo

Uno de los derechos que mencionaron los participantes fue el empleo, por las fallas en acceso y calidad. El Estado no debe ser el proveedor de empleo a todas las personas como lo hace con los servicios básicos, pero sí debe garantizar la generación de este y condiciones de trabajo dignas. En cuanto al acceso algunos mencionaron que “no hay oportunidades laborales” y esto según ellos está asociado a las acciones del gobierno y los políticos locales.

Los niveles de desempleo tienen que ver con decisiones del Gobierno Nacional o con las dinámicas de clientelismo. Varios participantes mostraron descontento con los apoyos del Gobierno a la población migrante por considerar que los colombianos “se dejaron de lado”. Además, dijeron que el déficit en la oferta tiene efectos negativos en la comunidad en términos de violencia y pobreza. Y los problemas de calidad que mencionaron vienen acompañados de salarios injustos e insuficientes.

Justicia

Según los participantes el derecho a la justicia tiene fallas en la oferta y la efectividad. En los grupos focales mencionaron que el déficit corresponde a la falta de funcionarios en la rama judicial. Otros dijeron que el acceso no garantiza justicia por la baja efectividad del sistema, y por eso consideran que la justicia por mano propia es una alternativa.

Conclusiones

Según los testimonios de los participantes en los grupos focales la provisión de servicios básicos y la garantía de derechos por parte del Estado colombiano presentan múltiples fallas que inciden en la percepción de satisfacción con estos. Los grupos focales mostraron que la confianza en las instituciones además de estar relacionada a la provisión de los servicios lo está a la garantía de derechos.

Se identificaron problemas transversales a los servicios básicos o derechos que debe proveer el Estado. No es solo la oferta de los servicios sino la calidad y casos de corrupción en torno a los mismos. En el sector de la educación se encontraron informidades sobre la infraestructura y la falta de articulación interinstitucional. En cuanto al servicio de agua y alcantarillado manifestaron problemas de corrupción con los recursos destinados a mejorar el servicio.

La garantía de los derechos de acceso al empleo y justicia, las personas demandan no solo mayor oferta, sino también mejor calidad de los empleos y efectividad a la hora de castigar a los criminales. Se puede concluir que la crisis de confianza en las instituciones puede ser producto de la evaluación que hacen los ciudadanos de los servicios y el cumplimiento de sus derechos, con los múltiples problemas que perciben se creería que el apoyo al sistema político está lejos de superar su crisis.

El informe cualitativo sobre Servicios básicos, seguridad y Fuerza Pública en tiempos de Covid-19 del Observatorio de la Democracia sugiere que la percepción sobre la provisión de los servicios no está mejorando a causa de la pandemia. Algunos ciudadanos perciben que durante la cuarentena general de 2020 la calidad de ciertos servicios y bienes públicos desmejoró, afectando la calidad de vida de las personas.

En conclusión, mientras que las personas no vean respuestas frente a los problemas que los afectan directamente y a su comunidad seguirá el escepticismo ciudadano frente al sistema político en general y la desconfianza en instituciones particulares.

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Puede consultar el informe completo aquí Satisfacción con los servicios básicos y crisis de la confianza en las instituciones.pdf

Las mujeres y la reconciliación: análisis cualitativo sobre las diferencias de género frente al Acuerdo de Paz

Las mujeres y la reconciliación: análisis cualitativo sobre las diferencias de género frente al Acuerdo de Paz

 

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La participación activa de las mujeres en los procesos de reconciliación y posconflicto ha sido reconocida como elemento clave para garantizar la sostenibilidad de procesos de paz. En Colombia, el Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Gobierno nacional y las FARC dio un paso significativo al incorporar estándares internacionales de equidad de género a través de 130 medidas afirmativas que reconocen los impactos desproporcionados que ha tenido el conflicto armado sobre las mujeres, especialmente la violencia sexual.

A pesar de estos esfuerzos de inclusión, los análisis de opinión pública frente a la reconciliación en Colombia muestran que, en comparación con los hombres, las mujeres tienden a ser más pesimistas frente a la posibilidad de reconciliación. Concretamente, las mujeres parecen: estar menos dispuestas a convivir con excombatientes; tener menores niveles de aprobación y satisfacción con el Acuerdo de Paz; y creer menos que los hombres que su vida mejorará después de la firma del Acuerdo.

Estas diferencias de género en las encuestas de opinión publica son una invitación a investigar con mayor profundidad por qué, a pesar de ser un Acuerdo que promete priorizar e involucrar a las mujeres, las colombianas tienen una visión más pesimista que los hombres frente al proceso de paz y la reconciliación.

Por eso y desde una perspectiva cualitativa, en el Observatorio de la Democracia analizamos el porqué de la brecha observada en estudios cuantitativos entre mujeres y hombres frente a la reconciliación. ¿Cuáles son las narrativas que usan mujeres y hombres para explicar y dar sentido al Acuerdo de Paz?

Para responder esta pregunta, analizamos información recolectada en 32 grupos focales realizados entre 2017 y 2018 en 8 municipios de distintas regiones de Colombia y con distintos niveles de exposición a la violencia del conflicto armado. A partir de esta información, estudiamos las narrativas de mujeres y hombres frente a la paz y la reconciliación.

Nuestro argumento es que las interpretaciones de las mujeres frente al Acuerdo de Paz tienden a estar más marcadas por las siguientes narrativas: 1) desciframiento más cercano de la violencia; 2) mayor percepción de injusticia; y 3) la interpretación de que el Acuerdo de Paz beneficia intereses particulares.

Desde 2004, el Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes ha estudiado las actitudes y opiniones de los ciudadanos frente a la reconciliación a través de encuestas nacionales. Estos datos muestran una correlación sistemática entre el género de los entrevistados y una serie de variables relacionadas con la reconciliación que sugieren que, en promedio, las mujeres colombianas son más pesimistas que los hombres. Sin embargo, es importante aclarar que, a pesar de estas visiones negativas frente a la reconciliación, el Acuerdo de Paz y el posacuerdo, la mayoría de las colombianas apoyan la salida negociada al conflicto con la guerrilla. La mayoría de las mujeres opina que la negociación es la mejor opción para solucionar el conflicto y ellas expresan una mayor preferencia por la negociación que los hombres.

Las narrativas

Las mujeres tienen unas narrativas diferentes que apuntan a un desciframiento más cercano de la violencia, una mayor percepción de injusticia, y una interpretación de que el Acuerdo de Paz beneficia intereses particulares.

Como resultado del primer análisis identificamos 8 categorías emergentes, de las cuales 3 hacen referencia a opiniones positivas frente al Acuerdo, y 5 a opiniones negativas. Las ideas principales que justifican opiniones favorables son: el Acuerdo mejorará las condiciones de vida de los ciudadanos; el Acuerdo cesará la violencia y mejorará la seguridad; y los excombatientes merecen segundas oportunidades. Por su parte, las ideas principales que agrupan opiniones negativas son: el Acuerdo favorece la impunidad de hechos victimizantes graves; el Acuerdo genera injusticia social al brindar a excombatientes beneficios que la población vulnerable necesita; el Acuerdo favorece intereses políticos particulares y no el bienestar de todos los ciudadanos; la implementación del Acuerdo enfrenta obstáculos; y desconfianza en la voluntad de cambio de los excombatientes.

El segundo análisis consistió en una comparación de las opiniones de las mujeres y de los hombres. Como resultado de esta comparación, encontramos que hombres y mujeres se diferencian en términos del desciframiento de la violencia, percepciones de injusticia, y la interpretación del Acuerdo de Paz.

Las mujeres y la violencia como algo cercano

Las opiniones de las mujeres tienden a estar caracterizadas por un desciframiento cercano de la violencia. Este desciframiento se manifiesta en referencias recurrentes a hechos de violencia específicos y en alusiones al sufrimiento que atraviesan las personas y familias víctimas del conflicto. La interpretación cercana de la violencia no implica que las participantes de los grupos focales hayan estado expuestas a la violencia, ni que las alusiones a la violencia y al sufrimiento se traduzcan en opiniones negativas frente al Acuerdo de Paz. Ejemplo de lo anterior es la siguiente cita de una mujer bogotana que justifica su apoyo al Acuerdo en nombre de las familias que han tenido que vivir hechos victimizantes:

En contraste, si bien hay hombres que también manifiestan apoyar el Acuerdo con la esperanza de que éste disminuya la violencia, en este tipo de referencias el lenguaje no está tan enmarcado en el sufrimiento derivado de la violencia.

Este resultado se puede visualizar a través del análisis de las palabras más frecuentes en las referencias de mujeres y hombres. En la Figura 1 presentamos dos nubes con las 50 palabras más frecuentes en los testimonios de los participantes de los grupos focales.

Figura 1 – Nubes de palabras mujeres (arriba) hombres (abajo) 

 

 

Mayor percepción de injusticia entre las mujeres

Al comparar hombres y mujeres nos damos cuenta de que hay una mayor percepción entre las mujeres de que el Acuerdo de Paz es injusto, principalmente en relación con la desigualdad social y con la falta de reparación a las víctimas. En comparación con los hombres, en los testimonios de las mujeres hubo más referencias a la idea de que el Acuerdo genera injusticia social al brindar a excombatientes beneficios que la población vulnerable necesita y a los que no tiene acceso (19% vs. 11%). También, es evidente que entre las mujeres es más recurrente la idea de que el Acuerdo favorece la impunidad de hechos victimizantes graves (34% vs. 27%). En conjunto, estas diferencias dan cuenta de una mayor percepción de injusticia en las narrativas de las mujeres.

En los grupos focales fue común la percepción de que el Acuerdo de Paz concede a los excombatientes una serie de “premios” o “privilegios” a los que no tiene acceso la ciudadanía, lo cual genera incomodidad. Además de un reclamo por justicia social. Esta idea viene acompañada de la noción de que la guerra, a pesar de haber perjudicado a la población, fue rentable para los excombatientes.

En los testimonios de las mujeres también se identificó una percepción más marcada de que las víctimas no han sido reparadas, lo cual es injusto.

Acuerdo de Paz beneficia únicamente a FARC y gobierno de Juan Manuel Santos

Una de las razones por las cuales las mujeres y los hombres que participaron en los grupos focales desaprueban el Acuerdo de Paz tiene que ver con la idea de que éste solo buscó favorecer los intereses del expresidente Juan Manuel Santos y de los miembros de las extintas FARC.

Si bien dentro de los acuerdos de paz se espera que las partes obtengan beneficios o concesiones, con el propósito de cesar las hostilidades, los resultados de estos grupos focales sugieren que la ciudadanía desconoce esto y que, además, genera rechazo. Aunque esta es una idea compartida entre hombres y mujeres, identificamos algunas particularidades en las narrativas de las mujeres. La diferencia radica en que las mujeres consideran que el Acuerdo buscó beneficiar únicamente a los miembros de las FARC y a Juan Manuel Santos. Así, identificamos que dada esta interpretación del Acuerdo, las mujeres no suelen reconocerse como beneficiarias del Acuerdo y, además, desconfían de éste. En cambio, aunque los hombres expresan escepticismo frente al Acuerdo, tienden a reconocer más beneficios asociados a éste.

Reflexiones para la investigación y la política pública

Estos resultados son un punto de partida. Sería valioso que en futuros estudios participen mujeres de diversos sectores sociales tanto en la recolección de la información como en el análisis.

También incluimos sugerencias de política pública que podrían ser útiles para promover una reconciliación que involucre a las mujeres. Primero, y teniendo en cuenta la percepción de que en Colombia falta justicia social y reparación, parecen estrategias prometedoras intervenciones que promuevan la equidad social y desdibujen la dicotomía victima–victimario. En esta línea, programas sociales de acceso universal, donde la focalización esté basada en las necesidades de la población y no en etiquetas derivadas de la guerra, como el ser víctima o excombatiente, tienen el potencial de contribuir a la construcción de paz. Un ejemplo claro de esto es el Sena, institución que ofrece educación técnica gratuita a la población, incluyendo víctimas, excombatientes y otros sectores vulnerables.

Es clave que las colombianas perciban mayores beneficios tangibles asociados a la implementación del Acuerdo de Paz. Esto supone priorizar el cumplimiento de las disposiciones de equidad de género para eliminar el rezago en el que están (Instituto Kroc 2019). Por otro lado, las estrategias de comunicación que visibilicen los avances en la implementación del Acuerdo de Paz, tanto en general como en materia del enfoque de género, son clave para mitigar la percepción de que los beneficiarios del Acuerdo no son los más necesitados.

 

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Puede acceder al informe completo aquí Mujeres y reconciliación vf.pdf

Estigmas, creencias, miedos y experiencias

Estigmas, creencias, miedos y experiencias

La implementación del Acuerdo de Paz implica nuevas dinámicas de vinculación social, una de ellas la reincorporación de excombatientes a la vida civil, basada en la convivencia y la reconciliación en los territorios afectados por el conflicto. De acuerdo con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), en 2020 hay un total de 12.767 personas en proceso de reincorporación, de las cuales 2.877 residen en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). Las 9.217 personas restantes decidieron instalarse en comunidades donde conviven con el resto de la ciudadanía.

Desde el 2004 los estudios del Observatorio de la Democracia han preguntado por las disposiciones de los colombianos a la convivencia con excombatientes en el entorno residencial, laboral y educativo. De acuerdo con el Barómetro de las Américas 2018 el 71% de los colombianos no tiene problema con tener de vecino a un excombatiente, el 45% aprueba compartir el espacio laboral, el 42% está de acuerdo con que sus hijos estudien con hijos de excombatientes y solo el 24% que su hijo sea amigo de un hijo de excombatientes.

En municipios afectados por el conflicto la disposición a convivir con excombatientes es mayor, según el estudio Colombia Rural Posconflicto 2017 en el entorno residencial el 83% acepta a los excombatientes como vecinos, en el laboral el 50% y el 39% acepta que sus hijos sean amigos de hijos de excombatientes.

¿Por qué motivos disminuye la disposición de los colombianos a convivir con antiguos miembros de grupos armados ilegales a medida que se pregunta y por interacciones más personales?, ¿cuáles son los motivos por los cuales los ciudadanos sí estarían dispuestos a convivir con excombatientes?, son las preguntas que impulsaron a preguntar en los grupos focales por la disposición favorable o desfavorable de los colombianos a convivir con excombatientes[1].

El análisis de la información de los grupos focales de 2017 y 2018 arrojó que los participantes justifican sus actitudes favorables o desfavorables hacia la convivencia con excombatientes a partir de estigmas, creencias, emociones y experiencias. Luego se agruparon estas categorías en los espacios de convivencia por los cuales se preguntan: el vecindario, el trabajo y la vida social[2]. Algunas narrativas de los participantes muestran una conexión entre los estigmas, las creencias y las emociones.

En términos generales se concluyó que la disposición de los colombianos a convivir con excombatientes disminuye en espacios íntimos porque los ciudadanos sienten miedo por un riesgo creado por los estigmas y creencias con los que identifican a los desmovilizados, y por la ausencia de experiencias en espacios íntimos que permiten cuestionar la identidad social de los excombatientes construida desde los estigmas.

 

*Los motivos que justifican actitudes desfavorables hacia la convivencia se presentan en color rojo y los motivos hacia actitudes favorables en verde. En las filas, la gráfica distingue los motivos que justifican actitudes hacia la convivencia a nivel general y en los distintos escenarios por los que indagamos. Las flechas conectan estigmas con creencias y creencias con emociones

Se identificó que los estigmas de que los guerrilleros son malas personas, violentos y peligrosos son transversales, no se limitan a un solo escenario, y afectan la imagen que los ciudadanos crean de los excombatientes en los escenarios residenciales, laborales y educativos.

Los participantes mostraron que aun cuando los desmovilizados se ha reincorporado a la vida civil los etiquetan como guerrilleros, debido a esa etiqueta hay exclusión en algunas comunidades y estigmatización señalándolos como personas malas. A diferencia de los estigmas, las creencias que se identificaron incluyen percepciones negativas y positivas. Por una parte, los ciudadanos creen que la reincorporación va a fallar si los excombatientes no se acogen al proceso y en esta creencia a su vez recaen dos más: las personas no pueden o no están dispuestas a cambiar y en algún momento volverán a su antigua vida dejando atrás el proceso de reincorporación.

En las creencias favorables los participantes dijeron que los excombatientes tienen capacidades para adaptarse a la vida civil, y esa capacidad se refuerza con la motivación que tienen para asumir la reincorporación. Otra creencia positiva es que ellos no fueron responsables de su vinculación a los grupos armados porque fueron víctimas de reclutamiento forzado. Una tercera creencia, es el derecho a las segundas oportunidades, los ciudadanos creen que a los excombatientes se les debe garantizar el derecho a las oportunidades laborales y a la participación en la vida en sociedad.

También se identificó que la creencia de dar segundas oportunidades interpone un sentido de responsabilidad de acoger a los excombatientes, y de la posibilidad de que ellos se reivindiquen con la sociedad por los años de conflicto. Dos emociones que manifestaron los participantes y se asocian con los desmovilizados y la violencia son el miedo y el resentimiento. Las actitudes generales hacia la convivencia los participantes las justificaron a partir de experiencias concretas relacionadas con los procesos de reincorporación.

Vecindario

Al preguntar por la convivencia en el entorno residencial apareció nuevamente el estigma de que son personas peligrosas y violentas. Los participantes manifestaron preocupación por la posibilidad de que los excombatientes que viven en su barrio puedan reaccionar con violencia en cualquier momento. A causa de este estigma aparecen varias creencias: la presencia de desmovilizados aumenta la inseguridad en el barrio y los excombatientes intimidan a sus vecinos. Estas creencias producen un sentimiento de miedo que tiene que ver con la posibilidad de que puedan atentar con su integridad. Sin embargo, hubo algunas referencias de convivencia positivas con excombatientes.

Trabajo

En el ambiente laboral los participantes de los grupos focales también mencionaron el estigma de que los desmovilizados son personas peligrosas y violentas, y que reincidirán dentro de los entornos laborales cometiendo delitos, generando percepciones desfavorables hacia ellos. Asociado al estigma de violencia tienen la creencia de que los desmovilizados no saben hacer más nada diferente a actividades que estén asociadas a la violencia o a la maldad, que no tienen las habilidades necesarias para otro trabajo. Otros participantes mencionaron que debido a la experiencia en el conflicto saben trabajar, que algunos cuentan con formación académica y títulos profesionales.

Los ciudadanos expresaron una actitud positiva hacia la incorporación laboral sustentada en la creencia de que cualquier persona tiene derecho a trabajar y a una segunda oportunidad, mencionaron casos de éxito de integración laboral de excombatientes, de participación en proyectos productivos del Acuerdo de Paz y de experiencias que quedaron del proceso de desmovilización de las AUC.

Los espacios más íntimos

Frente a la posibilidad de que los hijos o hijos de familiares convivieran o inicien una amistad con hijos de excombatientes el estigma de maldad y violencia deriva en creencias negativas, que los excombatientes son una mala influencia o que sus hijos estarían en peligro cuando conviven con hijos de excombatientes y sus familias.

Por otro lado, están las creencias positivas en las que mencionaron que los hijos no tienen la culpa del actuar de sus padres, y que los niños tienen derecho a educarse en un ambiente en el que puedan aprender y aportarle a la sociedad. Es posible que esta creencia provenga de reconocer a los desmovilizados y sus hijos como sujetos de derecho.

Los estigmas y su relación con las creencias y sentimientos negativos son determinantes en las percepciones negativas hacia los excombatientes y en las razones por las cuales la disposición a convivir con ellos disminuye cuando se trata de espacios más íntimos. Derivan en creencias a partir de las cuales los ciudadanos perciben a los excombatientes como una amenaza que puede poner en riesgo su propia integridad, la de los más cercanos e incluso la de la comunidad.

Esta percepción de amenaza produce respuestas emocionales como el miedo, que incrementa en la medida en la que se piensa en la posibilidad de convivir con ellos en espacios más íntimos. El miedo influye en la disminución de la disposición a la convivencia, entre más cerca es la relación mayor será la percepción de riesgo.

En cuanto a las razones para estar dispuestos a convivir con desmovilizados se bebe tener en cuenta: el reconocimiento a los excombatientes como sujetos de derecho, la atribución a la responsabilidad en el conflicto y a las experiencias positivas.

Acciones para promover la convivencia entre ciudadanos y excombatientes

De acuerdo con los resultados de este estudio sugerimos llevar a cabo las siguientes acciones, transmitiendo un mensaje en el que los ciudadanos puedan reconocer a los excombatientes como sujetos de derechos

  • Garantizar la participación de los excombatientes en proyectos productivos que además promuevan interacciones positivas con su entorno social
  • Promover actividades de disfrute común que promuevan las interacciones positivas entre los ciudadanos y los excombatientes
  • Visibilizar experiencias exitosas de reincorporación para cambiar las narrativas acerca de los excombatientes
  • Superar las barreras emocionales que promueven actitudes desfavorables hacia la convivencia con excombatientes
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[1] En los grupos focales del año 2017 se les preguntó a los participantes sobre sus opiniones acerca de la reintegración de excombatientes a la sociedad, indagando sobre convivencia en escenarios como el vecindario, el trabajo e hijos de excombatientes, los cambios en la sociedad como consecuencia de esta reintegración y las actitudes hacia hombres y mujeres excombatientes. En el año 2018, se diseñó una dinámica en la que los participantes discutían sobre situaciones en las que estarían o no de acuerdo con la convivencia con excombatientes (p.e. que los excombatientes sean contratados en el lugar en el que trabaja o si permitirían que sus hijos asistieran a la fiesta de cumpleaños hijos de excombatientes).

[2] Se analizaron 87 referencias, 48 con una connotación desfavorable y 39 favorable. Además, se tuvieron en cuenta otras 7 referencias que capturan las opiniones de los ciudadanos sobre las acciones que se deben llevar a cabo para promover la reconciliación

 

Informe completo aquí  Convivencia con excombatientes .pdf 

Las mujeres y la reconciliación

Las mujeres y la reconciliación

Nuestra investigadora Adriana Gaviria presentó “Las mujeres y la reconciliación: un análisis cualitativo sobre las diferencias de género frente a la paz en Colombia”, en el evento “Reconciliación: quiénes, cómo y cuándo”.

https://youtu.be/TKZ7cNugQ2E

Servicios básicos, seguridad y Fuerza Pública en tiempos de Covid-19

Servicios básicos, seguridad y Fuerza Pública en tiempos de Covid-19

Servicios básicos, seguridad y Fuerza Pública en tiempos de Covid-19

La cuarentena decretada por el Gobierno Nacional cambió la dinámica de realización de los grupos focales. Este año de manera virtual el Observatorio de la Democracia realizó 17 grupos focales con hombres y mujeres de 8 municipios 1. En la guía no hubo preguntas relacionadas a la situación generada por la Covid-19, sin embargo, los participantes expresaron sus opiniones sobre las experiencias vividas en la pandemia.

Se analizaron 63 testimonios, que se dividieron así: servicios básicos (32%), seguridad (29%), Fuerza Pública (19%), gestión institucional (8%), cambios en los hábitos de vida (6%), líderes sociales (3%) y post-pandemia (3%). Las opiniones más recurrentes se agrupan en las categorías de servicios básicos, seguridad y fuerza pública. Además, permiten analizar las percepciones de los ciudadanos frente a la capacidad del Estado para proteger a la población de los diferentes efectos de una pandemia.

Servicios básicos

Con respecto a los servicios públicos hubo diversas opiniones. En la Muestra Especial Colombia un país más allá del conflicto 2019 el 39% de los ciudadanos dijo que el acceso a servicios básicos era el principal problema de su municipio. En los grupos focales algunos comentaron que las tarifas tuvieron un aumento considerable y dada las circunstancias la crisis económica complicaba el pago de las facturas; otros resaltaron los alivios que otorgaron los gobiernos locales garantizando el acceso de la población a los servicios básicos.

Las telecomunicaciones han tomado un papel fundamental durante la pandemia. De acuerdo con la Muestra Especial 2019 el 20% tiene servicio de internet. Los participantes mencionaron la calidad del servicio y sus efectos en las actividades cotidianas y la educación virtual.

En educación y salud las percepciones estuvieron divididas. Para algunos el sector educativo se adaptó a las necesidades que impuso la pandemia. En la Muestra Especial 2019 el 52% dijo estar satisfecho con las escuelas públicas. Otros manifestaron que las estrategias no eran eficientes y afectaban la calidad educativa de los niños e implicaba más trabajo para las madres.

El servicio de salud mejoró para algunos participantes en atención y en el cuidado del personal médico, también hubo percepciones que calificaron el servicio como el peor de su municipio por la falta de instalaciones adecuadas para responder a la emergencia sanitaria. En 2019 la satisfacción con los servicios médicos y de salud fue del 25% de acuerdo con el estudio Colombia, un país más allá del conflicto.

Seguridad

Los entrevistados manifestaron cierta mejoría en la reducción de hechos de violencia, aunque se cuestionan la durabilidad de ese cambio que se ha dado por causa de la cuarentena. En otras regiones creció la preocupación por el aumento de la delincuencia común y el control social que ejercen algunos actores armados ilegales en zonas específicas del territorio nacional.

En el estudio Colombia, un país más allá del conflicto 2019 el 13% y 14% consideran que la seguridad es el principal problema del país y su municipio, respectivamente. El 55% de los colombianos dijo sentirse inseguro en el lugar de residencia por un posible ataque de un grupo armado y el 53%, por un posible robo o asalto.

En Mesetas, Meta, durante la cuarentena aparecieron panfletos de las disidencias de las FARC advirtiendo a la población sobre el incumplimiento del aislamiento. Otros participantes aprobaron el control social de estos grupos ilegales para hacer cumplir las medidas de cuidado durante la pandemia.

 

Policía

De acuerdo con nuestra Muestra Especial 2019 el 44% de los colombianos confiaba en la Policía. A pesar de la baja confianza el 58% cree que la policía y militares garantizan la seguridad y el 56% cree que la Policía está para protegerlo. Los resultados de estos grupos focales coinciden con esa baja confianza de los ciudadanos hacia la Policía y nos da elementos para entender las causas de este fenómeno.

Las opiniones expresadas por los participantes se resumen en la paradoja entre la queja por la falta de autoridad de la institución, para hacer cumplir a los ciudadanos las restricciones que exigía la cuarentena nacional, y al tiempo el inconformismo por el trato o las sanciones que imponían cuando los ciudadanos infringían las restricciones de movilidad.

La ciudadanía con sus percepciones expuso los retos que tiene el Estado para garantizar la protección y los derechos de los colombianos durante a la crisis sanitaria generada por la Covid-19. Entre ellos la mejora de los servicios públicos y de salud, la implementación de estrategias que hagan eficiente la educación virtual para la población. Así como las medidas que garanticen la seguridad y el trabajo eficiente de la Policía Nacional.

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Informe completo: Servicios basicos, seguridad y Fuerza Publica en tiempos de Covid-19.pdf

1.  De manera consistente con el diseño muestral del estudio Colombia, un país más allá del conflicto, para el trabajo de campo cualitativo se eligieron municipios con distintos niveles de exposición a la violencia del conflicto armado y de capacidad estatal (ver especial multimedia del estudio en: https://www.especiales-multimedia.obsdemocracia.org/). Así, se hicieron grupos focales en dos municipios PDET de mayor capacidad estatal: Chaparral, Tolima y Ciénaga, Magdalena; dos municipios PDET de menor capacidad estatal: Zambrano, Bolívar y Mesetas, Meta; dos municipios no PDET de mayor capacidad estatal: Victoria, Caldas y Puerto Berrío, Antioquia; y dos municipios no PDET de menor capacidad estatal: Villanueva, Bolívar y Concordia, Antioquia. En todos los municipios se hicieron grupos focales con mujeres y hombres, por separado, y en Concordia se hizo un grupo focal adicional mixto, para un total de 17 grupos focales.